Buenos Aires (Especial de NA, por Gabriel Profiti) -- La reforma de la Justicia, con sus bemoles, será el Norte que se fijó el renovado oficialismo cristinista para el año electoral ante una oposición que sigue sin construir agenda propia.
Los proyectos que enviará la Presidenta al Congreso para establecer la denominada democratización de la Justicia seguramente generarán un amplio debate que ganará la escena, junto con la reapertura del canje de la deuda para enviar señales a la justicia estadounidense en la pelea con los fondos buitre.
Ambas iniciativas difícilmente naufraguen en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con mayorías sólidas, aun en iniciativas polémicas como el acuerdo con Irán por el caso AMIA.
El combo de proyectos judiciales propone que integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular; que se limiten las cautelares; que se publiquen las declaraciones juradas de los jueces; se creen otras tres cámaras de casación para filtrar causas que llegan a la Corte Suprema.
Surgieron a partir de las postergaciones que sufrieron algunas pulseadas que el Gobierno de Cristina Kirchner considera fundacionales como la aplicación plena de la Ley de Medios y la reestatización del predio de la Sociedad Rural.
La clave estará en la letra chica de los proyectos y en la aplicación de las normas una vez que sean aprobadas.
Lo cierto es que ese debate y sus implicancias son más que suficientes para construir agenda, algo que la oposición por su debilidad parlamentaria y dispersión no puede imponer.
Reacciones
Algunos opositores advirtieron que el Ejecutivo ampliará su incidencia en el nombramiento, promoción y destitución de jueces y camaristas, y que adquirirá un control pleno sobre la actividad judicial. Sería un retroceso para los pilares republicanos.
Otros en cambio se manifestaron dispuestos a acompañar todos los proyectos que tengan que ver con la transparencia y el acceso a la información pública como es el caso de las declaraciones juradas de jueces, que también alcanzarán a legisladores.
Entre los integrantes del Poder Judicial las reacciones también fueron dispares y obedecieron a una suerte de polarización que quedó marcada con la aparición del colectivo Justicia Legítima que encabeza la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
En el marco de un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional, Gils Carbó aseguró que "la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados".
Fue 48 horas antes del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa y un día después de la inauguración del año judicial por parte del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien dijo -entre otras cosas- que el máximo tribunal es el encargado de controlar la constitucionalidad.
Tanto el paquete de leyes como el pronunciamiento de Justicia Legítima aflora de una tensión creciente entre el Gobierno y la Corte Suprema, particularmente con Lorenzetti, a quien le atribuyen simpatía con la oposición y ambiciones electorales.
Lorenzetti, además, no oculta su rechazo a cualquier intento de reforma constitucional que plantee el oficialismo para permitir la re-reelección presidencial.
Justamente vinculado a esa polémica, Cristina Kirchner dijo ante el Congreso que no tiene intenciones de reformar la Constitución.
La afirmación quedó picando con distintas interpretaciones pero posiblemente haya tenido la intención de desplazar del debate político una pulseada que podría darse más adelante, después de las elecciones parlamentarias.
Pese a que perdió una parte de la adhesión popular obtenida en octubre de 2011, la jefa de Estado cuenta con un 45 por ciento de imagen positiva, lo que implica un capital político importante en un escenario incierto y todavía fragmentado.
Dentro de ese esquema de liderazgo absoluto, la Presidenta dejó en claro que no admite competencia, como la que surge del propio peronismo en las figuras de Daniel Scioli y Sergio Massa.
Por ahora evitó enviar asistencia financiera al gobernador Scioli, quien hizo una oferta de aumento salarial al sector público sobre la base de recursos propios y ahora enfrenta medidas de fuerza de docentes y estatales.
A Massa buscó golpearlo en su mayor capital político: el esquema de cámaras de seguridad que ideó en Tigre. Dijo que los dispositivos estaban apagados cuando una pelea entre barras de ese club terminó con un hincha muerto.
Más allá de las aclaraciones del caso, porque el estadio está en San Fernando y no en Tigre, el dato político es la embestida de Cristina contra uno de los dirigentes con mejor imagen que todavía no definió su destino electoral.
Ante la embestida, Massa evitó responder y pidió a sus colaboradores paciencia. "En lo electoral está todo muy incierto, iba a definir en marzo, pero ahora lo va a postergar hasta lo último", señaló una fuente de su entorno.
