La Plata, (NA)- La subsecretaría de Política Penitenciaria bonaerense dispuso ayer que todos los jefes y funcionarios del Servicio Penitenciario provincial deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales.
El subsecretario de Política Penitenciaria, Eduardo Madar, resaltó que estos informes serán remitidos «de inmediato» a la Escribanía General de Gobierno.
Al mismo tiempo, y con el objetivo de «mantener la normalización de los métodos administrativos y contables», dispuso la realización de una auditoría de la fuerza.
Según se informó por medio de un comunicado, también se resolvieron «nuevos mecanismos de control y transparencia, entre los que se cuenta la compra de los principales insumos que requiere el Servicio Penitenciario a través de licitaciones públicas». «No tolerará la presencia de corruptos o mafias en el ámbito de la institución», resaltó Madar, ante las denuncias conocidas en los últimos días sobre presuntos hechos delictivos atribuídos a personal de la institución.
Al mismo tiempo, respaldó a la Justicia para que «investigue a fondo estos hechos y castigue a los eventuales responsables, en total correspondencia con el criterio impartido por el gobernador Felipe Solá». «Los corruptos deben ir presos, pero esa es tarea exclusiva de la justicia.
Lo que sí está a mi cargo es establecer los mecanismos para aplicar las medidas administrativas y disciplinarias pertinentes ante la comprobación de un hecho irregular», señaló Madar.
El funcionario del organismo dependiente del Ministerio de Justicia provincial añadió que para ello debe contar «no sólo con los resultados de la labor de investigación y control que lleva a cabo permanentemente esta Subsecretaría, sino también con las denuncias que cualquiera esté en condiciones de radicar ante la Justicia» y ante él.
Sobre este punto, consideró «lamentable» no haber sido notificado «oficialmente de esas denuncias hechas públicas recientemente a través de los medios de comunicación», de las cuales aseguró que pidió «copia a las autoridades judiciales para poder actuar en consecuencia».
Estas denuncias, sobre la existencia de una supuesta «mafia» conformada por oficiales del Servicio Penitenciario bonaerense y dirigentes políticos responderían a la «resistencia al cambio» de integrantes de la cúpula de esa fuerza que fueron alejados de sus funciones en las últimas semanas, según la evaluación del área.
Días atrás, y en el marco de una decisión que apuntó a «mejorar el funcionamiento del sistema», fueron alejados de sus funciones unos 70 oficiales, entre jerárquicos y responsables de algunas de las 38 cárceles bonaerenses. «Estos procesos de cambio para mejorar la situación generan muchas resistencias, como ocurre en cualquier área», aseguró Madar.
El funcionario precisó que el organismo cuenta con 13 mil agentes, 38 unidades carcelarias y aloja a más de 20 mil presos, y aseguró que con los cambios dispuestos -que repercutieron en centenares de modificaciones de escalafón— se resolvió «confiar en personal joven que creció en la escala jerárquica».
Además, al referirse a una acusación surgida en los últimos días, en la que el camarista de San Isidro Fernando Maroto aseguró haber recibido una carta en la que se denunciaba la existencia de una «mafia» en el Servicio Penitenciario Bonaerense «bajo el amparo del poder político», Madar le pidió precisiones al fiscal general de San Isidro, Julio Novo. «Queremos conocer todos los detalles para poder adoptar las medidas administrativas y políticas que correspondan», resaltó Madar, quien lamentó que en muchas oportunidades, «las denuncias sean anónimas y no se pueda avanzar demasiado».
Madar explicó que se solicitaron «todos los datos que se tenga, porque consideramos saludable que se hagan denuncias con nombre y apellido, porque eso colabora mucho».
