Buenos Aires (Especial de NA) -- Mientras los ojos del mundo se posan sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Irak y que amenaza con desembocar en una guerra cada día más inminente, una preocupante cadena de hechos de violencia, de debilidad institucional y política y de peleas por el poder comenzó a envolver con fuerza a América del Sur y prendió luces de alerta en torno a la paz social y la continuidad democrática en la región, siempre amenazadas.
Sin dudas, el pico máximo de la tensión que se respira en Latinoamérica estuvo dado por los cruentos enfrentamientos registrados en Bolivia, con más de 20 muertos, cientos de heridos, reclamos para que renuncie el Presidente, saqueos y edificios públicos destrozados por el fuego y las pedradas de los manifestantes, en medio de una convulsión social que remite como antecedente más inmediato a un intento de ajuste salarial impulsado por el Gobierno a instancias del FMI.
Pero ese no fue el único conflicto que en estos últimos días conmovió, de un modo u otro, los cimientos de esta castigada región, aunque sí haya sido el más trágico y notorio por la cantidad de vidas que se perdieron.
También hay que contar la incesante ola de violencia en Colombia --el último gran atentado dejó 32 muertos--, las dudas e incertidumbres financieras en Uruguay y la crisis institucional en Paraguay, con un presidente cuestionado hasta el extremo que por apenas cinco votos logró evitar que lo destituyeran y que se abriera una grieta hasta un abismo desconocido.
En medio de ese caos, los dos socios mayores del Mercosur, Brasil y Argentina, pelean, por razones diversas, para mantenerse a flote: el primero, con un Gobierno que está dando sus primeros pasos y que ahora trata de hacer un difícil equilibrio entre un fabuloso ajuste fiscal y las crecientes demandas sociales; el segundo, encaminándose como puede a un proceso electoral y de recambio institucional que ofrece, en el horizonte cercano, más dudas que certezas.
Lo sucedido en Bolivia demuestra con crudeza que las políticas lisa y llanamente de ajuste siempre terminan por llegar a un punto de no retorno, donde colisionan con el límite de la paciencia de la sociedad. Y más aún si casi el 80 por ciento de esa sociedad está por debajo de la línea de pobreza, como ocurre en el caso de los habitantes de ese país.
Con los muertos en las calles de la ciudad de La Paz, buena parte de la Policía amotinada y en actitud de rebeldía, estudiantes y trabajadores arrojando piedras contra cuanto edificio gubernamental encontraran a su paso, saqueadores destrozando comercios y el Ejército tratando de contener la situación, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dio marcha atrás con su proyecto de aplicar un impuesto del 12 por ciento a los salarios de los trabajadores.
Esa propuesta no era otra cosa que una de las medidas planteadas por el Gobierno de Sánchez de Lozada para concretar un programa de ajuste que permita reducir el déficit fiscal en 3,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), un compromiso derivado directamente de los acuerdos a los que llegó Bolivia con el FMI.
El panorama que se abre ahora es incierto: Sánchez de Lozada lleva apenas seis meses en el Gobierno, pero durante ese tiempo ya debió pasar por un intento de amotinamiento y se enfrentó con los productores de hojas de coca liderados por el dirigente opositor Evo Morales --el mismo que estuvo a punto de quedarse con la Presidencia tras los comicios del año pasado-- en el marco de un conflicto que ya produjo numerosos de cortes de ruta y bloqueos en distintos puntos del país.
Lo vivido en Paraguay, si bien no derivó en actos de violencia callejera, no deja de ser preocupante y hasta digno de una novela que podría haber escrito Gabriel García Márquez.
El presidente Luis González Macchi -quien en agosto próximo deberá traspasarle el mando al ganador de las elecciones que se celebrarán el 27 de abril, igual que en la Argentina-- estuvo a punto de ser destituido por el Senado en el marco de un juicio político nada menos que por corrupción y mal desempeño de sus funciones.
Los propios senadores oficialistas que votaron en contra de la destitución --hubo 25 sufragios a favor de remover al Presidente, 18 en contra y una abstención-- admitieron que lo hacían para no generar un cambio de gobierno a pocas semanas de las elecciones y forzar una situación que podría derivar en una nueva crisis, pero ninguno lo defendió públicamente.
El juicio político había sido motorizado por el presidente del senado y ex aliado de González Macchi en el Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, el mismo que hubiera accedido a la primera magistratura si el jefe de Estado era destituido, mientras que las acusaciones incluían, entre otros hechos, la compra con fondos del Estado y por 88 mil dólares de un BMW robado en Brasil y el desvío de 16 millones de dólares a una cuenta privada en Nueva York.
Mientras el Gobierno argentino siguió con atención la crisis vecina ante un posible quiebre, la pregunta que surge tras el final del proceso y el reconocimiento de los propios legisladores oficialistas es unánime: ¿Tendrá que ser necesario convalidar o no castigar hechos de corrupción en función de no alterar el rumbo institucional o poner en riesgo la continuidad democrática?
En Colombia, mientras tanto, los desesperados pedidos de ayuda al exterior del presidente Alvaro Uribe para enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico --su ministra de Defensa, Lucía Ramírez, viajó a Washington y pidió también asistencia a Europa para "perseguir las finanzas" de los grupos insurgentes-- no hacen más que desnudar una realidad preocupante: la "internacionalización" cada vez mayor del conflicto colombiano.
Esa proyección hacia el exterior de un drama que quiebra desde hace décadas a la sociedad colombiana --de hecho ya hubo pedidos de ayuda del Gobierno de Ecuador para controlar las incursiones de la guerrilla en su frontera con ese país-- conlleva la amenaza de que esa sombra siga extendiéndose más al sur, de la mano de las crisis económicas, sociales e institucionales. ¿Podrá evitarse ese goteo?
