Buenos Aires (especial para NA por Luis Torres) -- La Argentina parece estar atada a su pasado, que suele ser recurrente. El bochornoso episodio de las coimas en el viejo Senado reapareció con fuerza en plena escena política y basta con escuchar el enfático discurso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner pidiendo que ¨por favor alguien vaya preso alguna vez en este país¨ para saber con claridad cuál es la posición del Gobierno.
En el corazón mismo del poder se tiene la sensación de que al menos dos o tres ex legisladores y algún funcionario de la administración de Fernando De La Rúa van a ser detenidos, procesados y, tal vez, condenados.
A nadie, en las máximas oficinas del poder, le caben dudas de que Mario Pontaquarto, el ex secretario parlamentario y autor o partícipe necesario en el movimiento del dinero de las coimas, tendrá que vestir el famoso ¨traje a rayas¨ prometido alguna vez por el presidente Néstor Kirchner al comenzar su mandato.
De conversaciones sigilosas captadas en la Casa Rosada puede inferirse que además de Pontaquarto pueden ir presos el ex senador Emilio Cantarero y, tal vez, alguno del bloque radical que, a la sazón, conducía José Genoud.
En el área de los funcionarios, las sospechas mayores oscilan entre Fernando de Santibañes, quien estaba al frente de la SIDE, y Alberto Flamarique, entonces ministro de Trabajo, a quien se le atribuye la famosa frase referida a la tarjeta Banelco.
Todas estas certezas parten de una inequívoca libertad del juezederal Rodolfo Canicoba Corral para llevar la causa hasta sus últimas consecuencias.
Para el Gobierno existe un grupo de jueces federales que, si bien vienen de épocas anteriores que de alguna manera los hace sospechosos de ¨excesiva flexibilidad frente al poder político¨, tienen la suficiente inteligencia y entereza como para interpretar los rumbos generales de la administración Kirchner.
Dicho de otro modo, para el Gobierno hay jueces muy rescatables capaces de cumplir el rol de sostén jurídico a las decisiones políticas generales.
Es por eso que Kirchner confía en la celeridad de la Justicia, aunque desde los Tribunales se le haya hacho saber que para concluir con este episodio de los sobornos hacen falta varios meses.
El caso de Fernando De la Rúa merece una reflexión aparte porque nadie en el más elevado rango político del Gobierno nacional supone o estima que puede dictársele la cárcel por la cuestión de las coimas.
En un vuelco que oscila entre lo moral y lo racional, la opinión oficial es que el ex presidente ya ha recibido el peor castigo que puede recibir un político, que es la unánime condena de la sociedad.
Pero, al margen de esto, De la Rúa tiene imposibilitada la salida del país y padece una suerte de ¨arresto domiciliario¨ lo que en sí mismo significa ya una dura condena.
El ex mandatario ha reaparecido en los últimos días en una fatigosa y maratónica serie de entrevistas periodísticas en las que ha tratado de rechazar los cargos que se le atribuyen por las coimas y de formular algún tipo de autocrítica a su propia gestión.
Veamos: Para De la Rúa una reunión en su despacho a la que asistieron los ex senadores Alasino y Constanzo por el partido Justicialista y Genoud por la UCR, no existió. En ese encuentro también habrían estado Santibañes y Pontaquarto.
En cuanto al repaso de los males de su Gobierno criticó con dureza a Rodolfo Terragno a quien calificó poco menos que de inútil. Recordó con agradecimiento a Ricardo López Murphy y a Patricia Bullrich y puso especial énfasis en elogiar a Flamarique por los esfuerzos que hizo para sancionar la Ley Laboral.
Con respecto a Carlos ¨Chacho¨ Alvarez, De la Rúa fue cauto en todos y cada uno de los reportajes porque sabe que la sociedad ya lo ha condenado y no le ha perdonado su renuncia al cargo, lo que agudizó al crisis.
Para el Gobierno todo el episodio de las coimas le ha servido para revisar la famosa Reforma Laboral.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, está revisando con lupa qué artículos han beneficiado a la actividad laboral y cuáles no han servido para nada.
También está preparando un proyecto de ley para reemplazar o derogar artículos inútiles por algunos que tengan mayor afinidad con el actual modelo productivo impulsado por el Gobierno.
Se sabe que ninguna ley laboral crea empleo por sí sola y es, precisamente, ése el aspecto central de la revisación que está haciendo la cartera de Trabajo.
Seguramente se apuntará a eliminar artículos ¨excesivos¨ como el que le permite al sector patronal un período de prueba de un año.
Tomada trabaja sobre este proyecto de ley basándose en la mejora en los índices de ocupación actualmente en 14 puntos cuando en épocas de De la Rúa la desocupación había llegado al 21 por ciento.
Esta ocupación creciente es lo que le ha permitido al Gobierno enfrentar con dureza al Fondo Monetario Internacional que mediante sutiles presiones está pretendiendo que la Argentina mejore la oferta para los acreedores privados.
Debe recordarse que la quita de la deuda propuesta por el Ministerio de Economía es de 75 por ciento.
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, durante un almuerzo con el presidente y el ministro Lavagna enumeró sus argumentos en contra de las políticas del FMI que fueron minuciosamente retenidas por las autoridades locales.
Uno de los consejos fue muy simple pero efectivo: ¨Si el Fondo les pide menos quita para los acreedores privados ustedes dejen de pagarle la totalidad de las cuotas al Fondo y háganle una quita similar¨.
Lo que el Premio Nobel estaba proponiendo es que si el FMI quiere que haya más dinero para los acreedores, ese dinero no debe salir de un ajuste adicional que tendría que soportar la sociedad argentina, sino de una parte de las cuotas que le corresponden al propio organismo internacional.
Desde luego que nadie en el FMI quiere escuchar esta propuesta y les espanta el hecho de que Argentina, jugada como está en el mercado financiero internacional, les haga una movida de tal dureza.
Stiglitz también les dijo a sus interlocutores locales que la Argentina no volvería a tener crédito internacional hasta por lo menos el año 2013, por lo que no existen en este momento elementos de presión contra el país.
