Buenos Aires, (NA)- El gobernador bonaerense, Felipe Solá, admitió ayer que existirían irregularidades en la entrega de unos 1.300 planes para desocupados en la Provincia, en el marco de la polémica por los desvíos de beneficios que investiga la Justicia. «En la provincia se han otorgado casi 820 mil planes Jefas y Jefes (de hogar desocupados), el 40 por ciento del total más o menos.
Hay unos 1.300 Casos que tendrían irregularidades, aunque todavía falta llegar información de muchos distritos», explicó Solá.
El mandatario provincial explicó que «la mayoría» de los casos corresponden a municipios del conurbano ya que allí, según dijo, «se han apiñado la demanda y la oferta en un momento dado».
Al respecto, el mandatario provincial counsideró que «cuantitativamente no es relevante» la cantidad de programas para desocupados que habrían sido mal entregados, pero se mostró a favor de que se realice una investigación.
Solá se pronunció de esa forma luego de que trascendiera que el fiscal federal Guillermo Marijuán, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social, investiga unas dos mil denuncias sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de programas asistenciales.
En tanto, el titular de la Federación de Municipios e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, se refirió a la investigación sobre los planes otorgados en las diferentes intendencias.
Pereyra reconoció que hubo «algunos casos en que los recursos fueron mal usados» y dijo que los intendentes tienen buena predisposición para reforzar el control sobre el manejo de los planes.
Por eso, se pronunció a favor de «realizar una base de datos única con todos los programas sociales que hay en el país, con recursos nacionales, provinciales y municipales».
Pereyra, en declaraciones radiales, destacó además que algunos movimientos de desocupados que reciben planes sociales no realizan «tareas comunitarias» y están fuera del control municipal. «Hay algunos movimientos de desocupados que están funcionando bien, tienen huertas y hacen tareas comunitarias, pero gran parte de los movimientos no lo hacen.
El vecino común cuando ve que a nivel municipal tiene que prestar servicios y después en algún otro movimiento no tiene que hacer nada, hay bronca», puntualizó.
También admitió que por la falta de control hay «familias que no están en riesgo que reciben muchos más beneficios que las que están en riesgo». «La Provincia entrega elementos que muchas veces la Nación no lo sabe, y viceversa, a veces se superponen los programas sociales.
No es que estén faltando recursos, a mí me parece que están mal distribuidos», consideró.
