En opinión del Dr. Oscar Trujillo, concejal del Frente para la Victoria: "En medio de una campaña de trascendidos, opiniones y tergiversaciones en torno al anteproyecto presentado por una comisión de expertos presidida por el juez Raúl Zaffaroni y conformada por juristas del PRO, la UCR y el Frente Amplio Progresista, se conocieron distintas posiciones políticas de dirigentes locales. El massismo ha cerrado filas en una campaña de mentiras malintencionadas con el único fin de lograr capitalizar políticamente el miedo que generan desde sus tribunas mediáticas".
Frente a esa propuesta, apuntaba el concejal: "Es interesante ver cómo han salido con libretos que parecen más apropiados para Pamela David o Mirtha Legrand que para dos funcionarios públicos con responsabilidad institucional. Es más, resulta hasta gracioso escuchar las declaraciones del ex intendente pattista de Escobar, Sandro Guzmán, -hoy conductor de nuestros massistas-, decir que la redacción propuesta para el estudio del Poder Ejecutivo Nacional, en la que participaron juristas de reconocida trayectoria y distintas filiaciones políticas, "se basa en teorías del 1800… (sic)."
El concejal se propuso, de inmediato, ir desnudando alguna de esas mentiras que se convirtieron en base del discurso opositor: "Critican sin haber leído un anteproyecto de reforma del código penal que ni siquiera es un proyecto, y que ni siquiera tiene tratamiento legislativo, y en base a esas mentiras pretenden hacerle creer a la ciudadanía que la posible reforma acrecentaría los problemas de inseguridad, abriendo las puertas de los penales. Al afirmar ello desconocen normas elementales del orden jurídico constitucional, generando expectativas y contradicciones en la sociedad sobre el particular que en nada van ayudar a resolver los requerimientos en materia de seguridad, bombardeando sistemáticamente una lluvia de mentiras:
a) NO se elimina la Prisión perpetua, pues ésta no existe en los hechos. Es más, en algunos delitos graves las penas podrían superar los 20 años de cumplimiento efectivo que hoy están vigentes;
b) Los delitos de violación mantienen la misma vigencia y aumentan en caso de que la víctima sea menor de edad y se reconoce la violación en el matrimonio, que antes no estaba prevista;
c) Se agravan las penas por secuestros y más aún en los casos seguidos de muerte;
d) Se agravan las penas en caso de trata de menores de trece años y se incluyen formas nuevas, como el acoso a menores por internet (grooming);
e) Se elimina la prescripción por fuga;
f) No se elimina la reincidencia, pues las penas se siguen acumulando. Lo que hoy sucede es que con el Código actual es que quien comete dos delitos leves no puede ser excarcelado, y un homicida, sí;
g) Las excarcelaciones no dependen del Código Penal, sí de los distintos Códigos Procesales provinciales. Por ejemplo, el bonaerense no permite excarcelar delitos con penas máximas de ocho años;
h) Los delitos de corrupción agravan las penas, incluyendo además la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como empresas, que muchas veces se usan de escudos para delitos de todo tipo;
i) Se agravan las penas por cohecho y peculado. Incluso aparece la imprescriptibilidad de delitos cometidos durante la función pública;
j)El narcotráfico mantiene las mismas penas, pero se despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, como hoy lo propone la doctrina de la Corte Suprema;
k) Se incluye la utilización de sistemas de facturación apócrifos con fines de evasión, por el que podrán ser penados personas físicas o jurídicas con multa o prisión; y además que las empresas puedan ser penalmente responsables por los delitos de información privilegiada; manipulación del mercado y oferta engañosa y registro irregular de operaciones financieras, entre otros casos;
l) Es cierto que se reducen ciertas penas, pero la campaña mediática omite decir que se agravan considerablemente las penas de 159 delitos y se tipifican 85 tipos penales nuevos;
"Por otro lado la mentada imagen de la "puerta giratoria", que con un poco de esfuerzo podríamos decir que se refiere a las excarcelaciones, es decir el egreso del imputado del encierro a la libertad; no se relaciona con el código penal. Son las Provincias las que lo disponen en su reglamentación procesal, y el caso bonaerense, como decíamos, no es justamente muy benigno en ese aspecto".
En ese sentido, el concejal reclama no reducir un problema de semejante gravedad a una cuestión de marketing político: "El problema del delito es mucho más complejo que lo que propone esta brutal simplificación mediática. No es un problema de leyes solamente, sino de atender causas profundas, como la exclusión social, la marginalidad y la necesidad de replantear seriamente políticas públicas de contención y promoción social. Ese debate es el que debería ocuparnos a los dirigentes políticos. Muchos delitos aberrantes como la violencia de género, la trata de personas o el abuso de menores suceden en los propios contextos familiares, y una modificación de un marco jurídico como el Código Penal no los resolvería mágicamente"
"Cuando se carece de capacidad de propuesta, de respuesta, de ideas y de acciones, es decir de un proyecto político para atender esas situaciones, es cuando se acude a cualquier método -por más perverso que sea- como en el presente, acudiendo a plantear con ligereza y de un modo chabacano, que la reforma del código penal traería aparejada más inseguridad", agregaba Trujillo.
"Es curioso y lamentable que el debate político de hoy obedezca más al rating y a las definiciones de la farándula que a la discusión constructiva. Seguramente el borrador necesite cambios. Pero ésta no es la vía razonable de proponerlos, ni la calidad de discusión que una democracia moderna merezca", enfatizaba el concejal del Frente para la Victoria.
¿A quienes defiende el massismo con tanto entusiasmo y tanta cobertura mediática?, se pregunta Trujillo: "si un aspecto del borrador puede explicar la virulencia con la que cierta oposición política ha encendido esta campaña de engaños, éste pueda verse en uno de los tipos penales nuevos que crea, el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese aspecto el anteproyecto prevé que las empresas y no solo sus integrantes podrán ser castigados por cometer delitos, castigando las actividades monopólicas, disponiendo multas que varían según sus ingresos; incorporando delitos económicos como el desabastecimiento, contempladas hasta ahora en leyes especiales. Se sanciona a los monopolios, oligopolios y carteles cuando al fijar precios de bienes y servicios restrinjan la oferta o la demanda o impongan condiciones de comercialización etc. Tal vez aquí se encuentre la clave del entusiasmo mediático con que el massismo se ha puesto a la cabeza de una desmedida oposición, y del apoyo mediático y corporativo de los sectores hegemónicos que han recibido hasta el momento".
En síntesis, propone Trujillo: "no se trata de anular el debate, sino de propiciarlo en base a la posibilidad de corregir lo que sea necesario y a sincerar posturas políticas e ideológicas. Mintiendo, tergiversando y disparando juicios alevosamente improvisados, no sólo se daña un proyecto concebido por el diálogo plural y el estudio concienzudo, sino también a las mismas instituciones que estos falsos profetas de la legalidad y la transparencia dicen defender".
