(Especial para NA, por Marisa Alvarez) Todo parecía estar tranquilo. Con los acercamientos de fin de año del Gobernador con el presidente Kirchner y con el jefe del PJ bonaerense, Eduardo Duhalde, como antesala auspiciosa del 2004 después de los duros choques que signaron esas relaciones durante meses, Felipe Solá cortó sus vacaciones para otorgarle dinamismo a un gabinete que se mantiene en sus despachos, aunque amodorrado por el resplandor del verano y el ritmo amortiguado de los tiempos de descanso.
Pero, sobre el fin de semana la eterna problemática de la inseguridad, ahora focalizada en una franja de la costa atlántica con los turistas como víctimas, volvió a aportar agitaciones y polémica. El retorno del Gobernador a su despacho mostró uno de los perfiles que tendrá su gestión este año: una puesta del acento en el área de servicios públicos.
Las medidas que durante la última semana tomó Solá y los proyectos que definió para ser desarrollados, marcaron en efecto ese perfil, que ya se había insinuado cuando a comienzos de diciembre el Gobernador renovó su gabinete y eligió para el ministerio de Infraestructura a Eduardo Sícaro, un hombre que fue en los últimos años el responsable de la subsecretaría de servicios públicos de esa cartera.
La creación de un área dentro del Estado provincial que gerencie tendidos de redes de gas que no desarrolla, por ¨poco atractivos¨, la empresa concesionaria Camuzzi; un nuevo convenio con la firma que explota los peajes en las rutas bonaerenses para que una parte taxativa de esa recaudación se destine a inversiones en esos caminos; y el diseño de un nuevo esquema de funcionamiento de los ferrocarriles provinciales, con la posible incorporación de capitales privados y/o del Estado nacional, fueron los ejes de los anuncios que el Gobernador hizo el martes pasado y que se convirtieron en sus primeras decisiones del nuevo año.
La carencia del servicio de gas natural constituye uno de los déficits de infraestructura básica vinculada a la calidad de vida más serios, compartido por el Conurbano y muchas localidades del interior.
Es una de las deudas históricas de los sucesivos gobiernos con los bonaerenses. Y los peajes y las inversiones que las concesionarias hacen en mantenimiento de las rutas y en servicios a los automovilistas forman parte de las polémicas más fuertes nacidas -junto con las autopistas- en la década de los noventa.
Pero son los trenes estatizados por la Provincia -también en los noventa, como la contracara de las privatizaciones de las rutas- el servicio que muestra en estos días deficiencias más agudas, tal vez porque con cuestiones como la ausencia de servicios tan básicos como el gas natural, las cloacas o el agua corriente, funciona en la gente una suerte de resignación.
Las líneas a Bahía Blanca y a Mar del Plata andan a los tumbos y, como cada verano, cuando crece la demanda, este año ya hubo ya hubo verdaderos viajes al infierno, con los trenes parados durante horas en el medio de su recorrido. En la Gobernación reconocen que este servicio ¨no da para más¨ y que hay que buscar soluciones, que tienen el color del dinero, porque es una problemática sólo superable a fuerza de inversiones.
En la reunión de gabinete del martes, por otra parte, el Gobernador reclamó a sus ministros lo que él denomina ¨respuesta rápida¨, que en rigor también implica una directiva de marcar ¨presencia que se note¨. Y puso como ejemplo la terrible explosión de un depósito en Florencio Varela.
El ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Juan Pablo Cafiero, dispuso ante la tragedia la instrumentación de asistencia a las familias damnificadas. Pero, por un lado, esa ayuda recién se materializó y llegó a los destinatarios el jueves pasado, a casi una semana del estallido; y por el otro, no se vio al ministro en el lugar en las primeras horas -según remarcó Solá en la reunión de gabinete-, cuando había que hacer con la gente el relevamiento de las necesidades y coordinar la asistencia que se iba a dar.
Bajo ese mismo criterio, el Gobernador pidió que se defina una agenda para concretar en forma orgánica la idea de llevar el gabinete en pleno -con la participación de la Vicegobernadora, Graciela Giannettasio- a ciudades del interior, para recibir en vivo y en directo las propuestas y los reclamos de cada zona.
Otra medida que concretó Solá esta semana fue la de disponer la continuidad del tope salarial de 4.500 pesos; un tema siempre ríspido, porque ese límite generó en los dos años anteriores que se aplicó una avalancha de demandas en la Justicia, y porque en algunos ámbitos gubernamentales -especialmente en la Legislatura- se suele plantear en voz baja que su aplicación ¨es una hipocresía¨; un concepto que alude escabrosamente a la presunta existencia de esquemas administrativos que permitirían que lo que dicen los reciben de sueldos de algunos no representen todos los recursos de que disponen cada mes a modo, en términos reales, de ingresos salariales.
El Gobernador tuvo siempre la intención de que el tope salarial se siguiera aplicando este año. Y así lo estableció en uno de los artículos del proyecto de Presupuesto provincial para este año que envió a la Legislatura a mediados de diciembre. Diputados y senadores, sin embargo, se opusieron a esa continuidad y eliminaron el artículo, que no los incluía pero que los hubiera obligado ¨moralmente¨ a adherir.
De ese modo, el límite de 4.500 pesos para funcionarios, legisladores, empleados, jubilados de cualquier ámbito estatal -un universo en el que los magistrados y fiscales constituían la excepción- se cayó, porque la ley que lo establecía marcaba su fin el 31 de diciembre.
Sin embargo, apenas volvió de los días de descanso en Chapadmalal, Solá volvió sobre su idea y suscribió el decreto restableciendo el tope de 4.500 pesos. Quizás reforzó su intención el decreto presidencial que dispuso que el tope salarial en la administración nacional siga hasta el 30 de marzo; un vencimiento que refleja que en la Rosada analizan la posibilidad de levantar la medida para el segundo trimestre.
Pero el Gobernador no esperó a ver qué pasará en ese sentido. Ya dispuso el levantamiento progresivo del tope en la Provincia: los 4.500 regirán hasta el 30 de abril; luego el máximo será 6.000 pesos hasta el 31 de agosto y a partir de entonces, no habrá techo.
Por lo demás, Solá dispuso estas medidas exclusivamente para el Poder Ejecutivo y con dos excepciones con relación a la disposición que se aplicó hasta ahora. Una se entiende sin necesidad de que sea explicada: el tope ya no regirá desde el 1õ de enero para los jubilados. La otra excepción podría constituir un privilegio menos comprensible: el límite salarial no alcanzará desde ahora a funcionarios y personal del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Tesorería y la Contaduría Generales de la Provincia. Por su lado, tanto el Senado como la Cámara de Diputados adhirieron de inmediato al decreto de Solá; una decisión que vuelve a dejar al Poder Judicial también como privilegiado en este panorama, en una excepción que formalmente se entiende por la cláusula constitucional de la intangibilidad de los sueldos de los jueces pero que no resulta tan sencilla desde la lógica común.
En este contexto, sobre el fin de semana renacieron los sobresaltos. Como casi siempre, la razón fue la inseguridad, ahora mudada a las playas bonaerenses. La ola de asaltos en la Costa fue cobrando magnitud en cantidad de casos y en violencia y ayer aparecieron en Pinamar las primeras protestas vecinales.
Y reapareció también la controversia con hombres del gobierno nacional, que sin perder tiempo salieron a marcar públicamente errores y responsabilidades sobre la administración provincial. Parece que la onda afectiva del espíritu navideño, que había reconciliado a las administraciones nacional y bonaerense, comienza a disiparse.
