Buenos Aires, (NA)- La Asociación Internacional de Swaps y Derivados, la entidad encargada de regular el mercado de los contratos privados, declaró ayer a la Argentina en «default» y la definición podría disparar el pago de multimillonarios seguros.
El Comité de Determinación para América de la ISDA (por sus siglas en inglés) declaró efectivamente a la Argentina en cesación de pagos, poniendo en marcha un proceso que podría desencadenar pagos por valor de hasta 1.000 millones.
La entidad con sede en los Estados Unidos decidió después de detectar un «impago» del vencimiento de bonos (Discount) por parte de la Argentina el pasado 30 de julio, ante el bloqueo judicial de los fondos depositados por el país en el Banco de Nueva York (BoNY). La Argentina depositó en el BoNY unos 539 millones de dólares destinados al pago de los títulos que poseen los bonistas que aceptaron reestructurar la deuda en 2005 y 2010, pero el juez federal neoyorquino Thomas Griesa bloqueó el dinero hasta que el país solucione la disputa con los fondos buitre.
Los fondos buitre LMN Capital y Aurelius le ganaron un juicio a la Argentina en los tribunales de Griesa por títulos defaulteados en 2002 y exigen el pago de unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) sin ceder a quita alguna.
Griesa autorizó el pago a bonistas europeos, mantuvo bloqueo a títulos emitidos bajo ley norteamericana
El juez estadounidense Thomas Griesa autorizó ayer, por única vez, el pago a bonistas europeos, cuyos fondos habían sido congelados por el magistrado a fines de junio, pero mantuvo bloqueado el dinero para títulos emitidos bajo legislación norteamericana.
Economía renovó críticas a Griesa y denunciará ante la Comisión de Valores una posible «estafa millonaria»
El Ministerio de Economía volvió a fustigar duramente al juez Thomas Griesa por intentar «favorecer a los fondos buitre» y pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que investigue una posible «maniobra especulativa» que encubra una «estafa millonaria», a partir de la activación de seguros por 1.000 millones de dólares. «La CNV solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo», denunció el Palacio de Hacienda.
