Buenos Aires, (NA)- El Gobierno nacional denunciará el próximo lunes ante la Justicia federal a los militares y miembros de fuerzas de seguridad que realizaron prácticas de tortura durante cursos de entrenamiento para comandos que se llevaron a cabo hasta 1994.
Así lo anunciaron esta tarde el ministro de Defensa, José Pampuro, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en una conferencia de prensa en la que además anticiparon la apertura de una investigación interna en el Ejército para determinar «las responsabilidades del caso».
Pampuro confirmó en la Casa Rosada que las tareas de inteligencia permitieron determinar que en las fotografías tomadas donde se observan a militares recibiendo torturas «aparecen hombres pertenecientes al Ejército, a la Marina, a Prefectura y a Gendarmería».
Tambien se estudia el paso a retiro de aquellos que hayan violado derechos humanos, pero no de aquellos que participaron de los cursos por propia voluntad.
Duhalde precisó que se hará la presentación para que «la justicia determine si ha existido comisión de delito, en la medida que existen normas que protegen internacionalmente la dignidad humana, los derechos fundamentales y la integridad justicia».
En tanto, el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas «evaluará la actitud militar», según lo explicó Pampuro, al señalar que fueron «cursos donde los aspirantes y los que quieren realizar el curso lo hacen en forma voluntaria y conocían de antemano la metodología empleada».
Además, precisó que «era una situación donde la justicia tendrá que establecer sobre la responsabilidad de quienes dictaron el curso».
De inmediato, Pampuro cuestionó a «los comandantes en jefe de esos años», quienes «deberían haber informado a las autoridades políticas, el Ministerio de Defensa básicamente, sobre las actuaciones y cursos que se hacían, dado que esto tiene implicancias políticas».
Consultado si se dispondrá el retiro de los militares que hayan participado de esa actividad, Pampuro respondió que no cree que corresponda, aunque aclaró que «si los hombres que utilizaron esta metodología han cometido anormalidades que involucren a una aberración a los derechos humanos, se da por descontado que serán dados de baja».
En tanto, Duhalde remarcó «la enorme gravedad» de ese hecho, el cual «no se reduce a quienes pudieron aceptar voluntariamente esas prácticas degradantes, sino que implica introducir la metodología de la tortura dentro de una actividad propia de un estado democrático, en un país que vivió situaciones masivas de represión ilegal».
