Buenos Aires, (NA)- Las empresas de medicina prepaga le dijeron ayer al Gobierno nacional que el aumento decidido en las cuotas es «irreversible», y revelaron que, según el caso, irá del 8 al 20 por ciento.
Así lo indicaron fuentes oficiales y privadas que participaron en la reunión mantenida entre representantes del Gobierno y del sector de la medicina privada.
La Subsecretaría de Defensa de la Competencia anunció anoche que controlará si las empresac de medicina prepaga aplican «aumentos indebidos», y fiscalizará los contratos de esas compañías para detectar si existen «abusos» en perjuicio de los afiliados a sus servicios.
La advertencia oficial se conoció luego de que esas empresas le dijeran ayer al Gobierno que el aumento decidido en las cuotas es «irreversible», y revelaron que, según el caso, irá del 8 al 20 por ciento.
En un comunicado, la Subsecretaría anunció que además de realizar una estudio del mercado de la medicina prepaga pedirá a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue si existen o han existido prácticas -respecto de los aumentos de precio anunciados- que puedan resultar violatorios de la ley de Defensa de la Competencia.
También anunció que «controlará y fiscalizará» que los contratos de las empresas contengan la debida información respecto del precio de los servicios, su eventual modificación y los mecanismos de notificación a los consumidores, en el marco de la mencionada ley.
Según se indicó, dicha fiscalización buscará «evitar modificaciones unilaterales en los contratos y situaciones de abuso por parte de las empresas».
En la reunión realizada ayer en la sede de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor no se logró avanzar en el diálogo, ya que las empresas anticiparon que la decisión de aumentar las cuotas está «tomada».
La justificaron en que es necesario hacer frente al aumento de salarios dispuesto por el gobierno, y en los aumentos que registraron los insumos del sector, que nunca fueron compensados siquiera parcialmente.
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, le dijo a los representantes de las prepagas que, a juicio del gobierno, el incremento es «injustificado», y les pidió que reconsideraran la medida, pero no encontró eco en el sector empresario.
El Gobierno tiene potestad para intervenir en cuestiones relacionadas con las obras sociales, pero como no existe una ley que regule a las prepagas, se cree que la negociación ingresó en un «callejón sin salida».
En el encuentro con representantes del gobierno participaron representantes de ADEMP, CIMARA y ACAMI, entidades que nuclean a prepagas y obras sociales. ADEMP y CIMARA nuclean a las principales prepagas del país, como AMSA, Medicus, Acción Médica, Swiss Medical y OMINT, entre otras, mientras que en ACAMI están nucleados OSDE y hospitales como el Italiano, Español y Alemán, entre otros. También participaron del encuentro Miguel Fortuna, director de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y asociaciones de defensa del consumidor.
En tanto, el Gobierno resolvió endurecer el control sobre los contratos que celebran los consumidores con empresas de prestación de medicina prepaga, teléfonos celulares y bancos, al publicar ayer en el Boletín Oficial precisiones sobre qué cláusulas serán consideradas «abusivas».
La Resolución 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía establece que en los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, comunicaciones móviles, financieros y bancarios serán consideradas «abusivas» las cláusulas que otorguen al proveedor la facultad de hacer modificaciones de manera unilateral.
