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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/feb/2004 de La Auténtica Defensa.

Lavagna denunció que hay sectores en la Argentina que «trabajan contra el país», y dijo que algunos son «idiotas útiles»




Buenos Aires, (NA) — El ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció hoy que hay sectores en la Argentina que «trabajan contra el país» y dijo que algunos son «idiotas útiles manipulados desde el exterior», en el marco de las negociaciones con el FMI y la reestructuración de deuda. «Acá hay algunos sectores, por interés ideológico o porque a veces hacen de idiotas útiles y son manipulados desde el exterior, que quieren presentar esto como una cuestión entre los acreedores del exterior y el Gobierno», se molestó Lavagna. Lavagna dijo que quienes ven «señales de advertencia» del FMI están «completamente equivocados» y aseguró que muchos de los representantes de ese pensamiento «trabajaron contra el país para que no se aprobaran las revisiones o tuviera una postergación». El ministro consideró que quienes plantean un tratamiento distinto a la propuesta gubernamental sobre la quita del 75 por ciento del valor nominal de los bonos en default, y aconsejan «que el gobierno pague un poco más, le están pidiendo a sus compatriotas que paguen más impuestos». «Si decidiéramos cambiar la oferta, cosa que no vamos a hacer y que el presidente (Néstor) Kirchner repitió hasta el cansancio, y hubiera que pagar más, no va a ser el gobierno quien tenga que pagar, porque el Gobierno no tiene fondos estrictamente propios, funciona con la recaudación impositiva, que sale de la sociedad», explicó Lavagna en declaraciones a Radio América. Con relación a las revisiones aprobadas por el Fondo Monetario Internacional, el ministro hizo un balance «positivo» de lo sucedido y elogió la postura de Estados Unidos y Francia, que «actuaron positivamente protegiendo el sistema internacional de una crisis». «El Fondo y nosotros hicimos, creo, lo que teníamos que hacer», señaló Lavagna, y consideró que esas «sesiones positivas pusieron muy nerviosos a quienes querían que esa instancia fracasara». Sobre el riesgo de que bienes argentinos sean embargados, tras el fallo en Estados Unidos del juez federal Thomas Griesa, Lavagna minimizó las posibilidades de que esto suceda y aclaró que la decisión de no solicitar una prórroga fue tomada por el Gobierno. «Pese a algún título catástrofe, los abogados cumplieron con lo que habíamos prometido, que era no a pedir una prórroga», explicó el ministro, y aseguró que «el proceso judicial avanza paralelo con el de renegociación de deudas y no hay nada significativo de lo que viene sucediendo hace unos meses». De todos modos, el funcionario aseguró que los bienes públicos, como las embajadas, están «protegidos por convenciones internacionales, como la de Viena (Austria)», y echó por tierra la posibilidad de que un posible fallo permita embargar bienes particulares. «Los bienes privados que están absolutamente protegidos, no tienen nada que ver. En todo caso el demandado es el Estado», aseguró. En ese sentido, también desmintió las versiones que indicaban que las retenciones de los exportadores de cereales podrían ser embargadas, al considerar que se tratan de «dichos que no tienen ningún asidero», ya que son impuestos internos que «no pueden ser objeto de embargo». Respecto de la negociación con los tenedores de bonos en default, el ministro consideró necesario que los acreedores se inscriban en los registros, para determinar su condición. «Acá hay muchos pescadores a río revuelto, muchos intermediadios y comisionistas que quieren negociar como si fuesen acreedores, porque las sumas que están juego son muy elevadas», dijo Lavagna, y consideró indispensable que «la República sepa con quien se está sentando a negociar». Lavagna identificó entre esos casos de negociadores que no son acreedores a «gente que trabaja para bancos internacionales que están siendo enjuiciados porque colocaron bonos argentinos en el ’99 o 2000, cuando era obvio que íbamos camino a la crisis, o porque vendieron otras acciones como las de Parmalat y Enron». El ministro consideró que esa es una estrategia para que las acciones legales «sean en contra del gobierno y no de los bancos colocadores».


 
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