Buenos Aires (Especial de NA por Martín Hermida) -- La Argentina recordó este 2 de abril a sus muertos en la guerra de Malvinas con un condimento especial: por primera vez, un presidente participó junto a ex combatientes de la vigilia que realizan los veteranos en el sur del país para esperar la llegada del día en que se honra a los más de 600 caídos en el conflicto bélico de 1982.
Sin embargo, el homenaje y el recuerdo se dieron esta vez en un marco de tensión y tirantez cada vez mayor entre la Argentina y Gran Bretaña, al que se agregó ahora la ¨protesta formal¨ que hizo Inglaterra y que se conoció públicamente esta semana, como consecuencia de un incidente protagonizado por el rompehielos Almirante Irízar en aguas del Atlántico Sur, ocurrido el mes pasado.
Y es en ese marco en el cual también la Cancillería reafirmó su intención de bregar por la soberanía, mientras que el ministro Rafael Bielsa aseguró en una nota suya publicada por la prensa: ¨La única solución posible a la controversia es el retiro definitivo del Reino Unido¨ de aquellas tierras.
¿Endurecimiento de la posición argentina? En los despachos oficiales aseguran que se trata ni más ni menos que de ¨defender con firmeza¨ el planteo de soberanía sobre las Islas, mientras los británicos, del otro lado, también se muestran inflexibles.
Pero más allá del tema Malvinas, y en medio de una semana en que la atención estuvo centrada en la intervención federal a Santiago del Estero, en la agenda de política exterior del Gobierno hubo también dos cuestiones relevantes: el fracaso estrepitoso en que terminó una nueva ronda de negociaciones por el ALCA realizada en Buenos Aires y la sanción de una ley que regula y reglamenta el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
En torno a la disputa por las Malvinas y a la sensibilidad generada por un nuevo aniversario del inicio de la guerra que enfrentó en el 82 a argentinos e ingleses, tuvo un alto impacto emotivo el acto que encabezó el presidente Néstor Kirchner en Ushuaia, ante ex combatientes y familiares de los caídos en el archipiélago.
En medio de los tironeos por otros temas sensibles como la pesca en las aguas del Atlántico Sur y los vuelos comerciales hacia las Islas -trabado y sin un horizonte cierto-, la contracara de lo que se vivió en Ushuaia estuvo dada por la advertencia lanzada en los últimos días por Gran Bretaña hacia la Argentina.
En esa ¨nota de protesta¨ -que sólo se conoció cuando se hizo pública al presentarla ante el Parlamento de su país el secretario de Asuntos Exteriores británico, Bill Rammell- Gran Bretaña volvió a denunciar el incidente protagonizado por el Almirante Irízar el 15 de marzo pasado en aguas que los ingleses consideran de uso ¨económico exclusivo¨, y criticó la respuesta que le había dado el Gobierno argentino ante el episodio.
Claro que el Gobierno de Tony Blair aprovechó la ocasión pararatificar su soberanía sobre las Islas, en abierta contradicción con la postura argentina, y de paso reclamó que no se ¨repitan más¨ incidentes de ese tipo.
Para la Cancillería local, el Irízar estaba en aguas jurisdiccionales argentinas realizando tareas de control de la pesca ilegal y tomó contacto -¨con fines de seguridad¨- con unidades británicas.
Para Gran Bretaña, en tanto, durante el tiempo que el Irízar permaneció allí ¨exigió a otras naves que se identificaran¨, lo cual, a su juicio, fue violatorio de la ¨jurisdicción exclusiva¨ sobre esa porción del Atlántico Sur.
El nuevo chisporroteo -apenas una muestra del enfrentamiento de fondo por la soberanía y por la enorme riqueza ictícola de esa región- se da en un contexto cada vez más enrarecido: desde fines del año pasado las autoridades de los dos países siguen sin ponerse de acuerdo en la disputa por los vuelos comerciales a las Islas, y las presiones de uno y otro lado llevan a las discusiones a un punto muerto.
El episodio del Irízar y la posterior protesta británica, conocida apenas unos días antes del nuevo aniversario del inicio de la guerra del 82, no hacen más que prever una más que difícil negociación entre dos partes enfrentadas y decididas a mantenerse en sus trece.
Algo similar -aunque salvando las distancias que allí agregan una guerra y una pelea por la soberanía territorial- ocurrió esta semana en Buenos Aires entre los representantes comerciales de los países que aspiran a conformar a partir del año próximo el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La persistencia de posiciones profundamente diferentes entre los países del Mercosur y Estados Unidos en determinados puntos -entre ellos el de los subsidios agrícolas y las restricciones al acceso a los mercados del gigante del norte- llevaron a que en esta ronda de negociaciones se decidiera suspender la reunión que debía hacerse el 22 y 23 de este mes en Puebla (México) para tratar de dar un paso definitorio en la conformación del ALCA.
Y llevaron también a que varios funcionarios argentinos, como el secretario de Relaciones Comerciales de la Cancillería, Martín Redrado, pusiera en negro sobre blanco las enormes dificultades que enfrenta hoy en día este proceso de integración impulsado con vehemencia por los Estados Unidos: ¨La meta (de que el área de libre comercio entre en vigencia en enero de 2005) es realista, pero cuanto más se dilate el período para mejorar las ofertas, más difícil será alcanzar el acuerdo¨, dijo.
Sin tanto ruido, los senadores convirtieron finalmente en ley un proyecto que reglamenta cómo deberá ser de ahora en más el ingreso de tropas extranjeras al país: un tema que había generado enormes discusiones y que incluso llevó a que el año pasado se suspendiera un gigantesco ejercicio militar conjunto con Estados Unidos y los países del Mercosur ampliado, el ¨Aguila III¨.
La ley finalmente aprobada señala que el Congreso deberá dar luz verde a las autorizaciones concedidas por el Ejecutivo para el ingreso de tropas extranjeras, aunque delega en el Gobierno la autorización en casos especiales, como los de ¨catástrofes naturales¨ o de ¨instrucción de los institutos de educación militar¨.
Justamente esas excepciones son las que criticó la oposición por considerar que pueden dejar abierta la puerta a que se otorgue la tan temida ¨inmunidad total¨ a tropas extranjeras, es decir que sus hombres no tengan que rendir cuentas ante la Justicia local en caso de que cometan delitos de tipo penal. En el oficialismo aseguran que no habrá nada de eso. Sólo el tiempo dirá si es así.



