Buenos Aires (NA)-- El Senado nacional dio media sanción anoche a un proyecto de ley que impide la excarcelación de responsables de secuestros y violaciones seguidos de muerte, en el marco de una sesión en la que aprobaron también otras iniciativas con las que se busca reducir el nivel de inseguridad.
En esa línea, los integrantes de la Cámara Alta votaron un proyecto en el que se aumenta el control en el comercio y en el registro de usuarios de telefonía celular, con la intención de evitar que ese medio sea utilizado por bandas de secuestradores.
Junto a esas dos normas, los senadores dieron media sanción también a una iniciativa que encuadra como delitos a las actividades relacionadas con el juego clandestino, en lugar de la anterior calificación de contravención.
En el marco de una jornada en la que el Senado sesionó en forma simultánea con Diputados, los legisladores avanzaron de ese modo en el trámite parlamentario de varias de las propuestas impulsadas por sectores que reclaman un agravamiento de las penas como supuesta herramienta para el combate al delito.
En ese sentido, dos de las tres normas tratadas en el Senado forman parte del petitorio de siete puntos propuesto por Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven asesinado hace varios días por sus secuestradores.
Desde uno de los balcones del recinto legislativo, el propio Blumberg siguió de cerca el debate parlamentario, donde si bien hubo un casi unánime respaldo a las tres iniciativas, no fueron pocos los senadores que dejaron trascender sus dudas sobre la efectividad de las medidas aprobadas.
Muchos de ellos -justicialistas oficialistas, radicales y frepasistas- advirtieron que sin modificaciones en las fuerzas de seguridad y en el sistema penitenciario no podrán atacarse los crecientes niveles de inseguridad.
Otros, de esas mismas extracciones, prefirieron hacer hincapié en la situación social como generadora de las causas que provocan el delito, mientras que senadores encuadrados en la derecha, la centro-derecha y el PJ opositor defendieron la necesidad de agravar las penas.
Pero a pesar de esas diferencias conceptuales y, sobre todo, discursivas, los distintos sectores coincidieron a la hora apoyar las distintas iniciativas.
La primera de ellas hace referencia a la negativa a la posibilidad de acceder a la excarcelación o a la libertad condicional para acusados y condenados en delitos calificados ¨aberrantes¨, esto es: violación seguida de muerte, robo seguido de muerte o secuestro seguido de muerte.
Los senadores fijaron varios requisitos para otorgar ese derecho, como son residir en el lugar que determine la Justicia, abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, tener un trabajo, no cometer nuevos delitos, someterse a un patronato y realizar tratamiento médico y psicológico.
Esas condiciones deberán cumplirlas los condenados a reclusión perpetua con 20 años de condena cumplida, aquellos condenados a más de tres años con dos tercios de su pena ejecutada y quienes sean condenados a menos de tres años de prisión, con un año cumplido de reclusión u ocho meses de prisión.
Los requisitos deberán respetarse hasta que finalicen las respectivas penas o por un período de cinco años desde la fecha en que fue fijada la libertad condicional, en el caso de reclusión perpetua.
Antes de ayer, los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales habían decidido eliminar la prohibición de indultar, conmutar o rebajar la pena de los condenados por delitos aberrantes, que son facultades del presidente o gobernadores.
En cuanto al texto sobre la comercialización de los servicios de comunicación, apunta a que las empresas proveedoras lleven un registro detallado de los titulares de líneas y aparatos de comunicación móvil.
El texto prohibe además reactivar las líneas y teléfonos denunciados como robados o perdidos y establece penas de 1 a 6 años para quienes lo hagan o alteren, reemplacen o dupliquen líneas.
