Buenos Aires, (NA)- El reclamo por mayor seguridad no sólo generó una movilización popular de las más importantes desde la restauración democrática de 1983, sino que también está impulsando cambios en la estructura legal del país y exigiendo a las autoridades a pensar ideas para frenar a los delincuentes.
De todo lo que se habló y escuchó en los últimos días se destacan dos proyectos: uno que plantea la creación de un cuerpo policial especial para el conurbano bonaerense, impulsado por el designado ministro de Seguridad León Arslanian; y otro que promueve la formación de un grupo antisecuestros a nivel nacional.
Estos proyectos, impulsados en paralelo por los gobiernos de Néstor Kirchner y Felipe Solá, apuntan a frenar la ola de secuestros que azota principalmente a los ciudadanos del Gran Buenos Aires y que sufrió en carne propia el joven Axel Blumberg, quien fue asesinado por sus secuestradores el último 23 de marzo.
La creación del cuerpo antisecuestros a nivel nacional estará contenida en el plan de seguridad que presentará la semana próxima el Gobierno de Kirchner, según anticipó el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.
En tanto, la formación de una fuerza policial que se dedique con exclusividad a combatir el delito en el conurbano de Buenos Aires es un proyecto de Arslanian, quien busca de ese modo que la cuestionada Policía bonaerense sea desplazada hacia el interior de la provincia, donde el delito es sensiblemente menor.
Sin embargo, esta situación podría generar la oposición de jefes comunales y la población de muchas localidades del interior provincial, que históricamente manifiestan su desacuerdo ante los traslados de oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el conurbano.
El impulso a estos dos proyectos implica, también, que por el momento queda descartada la posibilidad de crear una única fuerza policial con jurisdicción en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, una alternativa que cayó tan bien en la clase política bonaerense como mal entre los dirigentes porteños.
Pero es casi una certeza que los bonaerenses que habitan el primer y segundo cordón del conurbano verán en los próximos meses fuertes cambios en materia de seguridad, tanto por la posible creación de nuevas fuerzas y grupos policiales como por el incremento de la presencia de la Gendarmería y la Prefectura.
En el campo legislativo, mientras tanto, el Congreso nacional aprobó un paquete de leyes que incluyó el endurecimiento de las penas para los delitos cometidos con armas de fuego, tal como lo pidió Juan Carlos Blumberg.
Una iniciativa en el mismo sentido aprobó esta semana la Legislatura de Buenos Aires, que también reaccionó ante el masivo reclamo popular por mayor seguridad.
Estas reacciones mostraron cierto abroquelamiento de la clase política, pero a partir de ahora será fundamental para la suerte de cualquier plan de seguridad que los gobiernos de Kirchner y Solá coordinen acciones y ‘jueguen el mismo partido’, más allá de las divergencias políticas que puedan surgir.
Mientras tanto, el petitorio con los siete puntos reclamados por Juan Carlos Blumberg sigue sumando firmas -ya tiene casi un millón y medio- en todo el país.
Y se prepara una nueva marcha para reclamar «más eficiencia» a la Justicia a la hora de actuar contra los delincuentes, un pedido que sufrirán con seguridad jueces y fiscales que están siendo cuestionados por la sociedad.
