El Gobierno confía en poder revalidar su proyecto urbanístico para la costanera de Campana en el Concejo Deliberante "en los próximos meses". Pero la voluntad oficial bien puede chocar con los planes de las bancadas opositoras, la mayoría de ellas trabajando en boxes de cara a la carrera electoral el año próximo.
"El bloque político que no entienda que esto es para que los vecinos puedan disfrutar de la Costanera le tendrán que rendir cuenta a los vecinos", advertía ayer Abella en diálogo con la prensa. Pues -en la visión del intendente- varios ediles ya deberían empezar a hacerlo.
La concejal del FPV-PJ Soledad Calle, consideró ayer como "privatizador" al proyecto.
"Prometieron mejorar la infraestructura en la costanera y, a casi un año de gestión, no hicieron nada. Negociaron todos estos meses en secreto y de espalda a la comunidad. La costanera es de todos, ¡consulta popular!", solicitó en una publicación compartida en su perfil de Facebook.
Igual forma de expresión eligió Marco Colella del Frente Renovador. "Rechazamos que nuestra costanera se transforme en un negocio inmobiliario privado para unos pocos, en contra de lo que quieren y sueñan nuestros vecinos. Otra vez, las promesas de campaña no se cumplen", afirmó el edil.
No está claro cuándo el Gobierno pretende empezar a dar la discusión por el futuro de la ribera campanense. La intención del AABE -entidad que cuenta con la facultad de disponer de los terrenos tras el decreto de Macri- es cederlos al fideicomiso conjunto en el menor plazo posible. Y la siguiente instancia es que el Departamento Deliberativo acepte esa donación.
¿Podrá saldarse ese debate en los plazos que busca Abella? El antecedente del canje del Puerto de Frutos, proyecto cajoneado por el Gobierno y la oposición desde hace meses, no es un buen presagio.
