¿Qué hacer con los geriáticos clandestinos?

Ayer publicamos la crónica del "abuelo abandonado en la terraza" del geriátrico Fénix de la calle Castelli y al entrevistar a su responsable, Gisela Español, ésta aseguró que 56 hogares clandestinos funcionan en la ciudad y que, en todo caso, sólo se controla al suyo porque es único que está habilitado y cumple con las normativas vigentes.

Por esta misma razón, el Fenix sería el único establecimiento de estas características que tendría un contrato con PAMI en Campana. De hecho, de las 53 camas del geriátrico, poco más de 20 estarían contratadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Según versiones, cada cama en el establecimiento costaría entre $13 mil y 18 mil mensuales, y dada la cantidad de establecimientos clandestinos, sería evidente para algunos inversores que existe una suculenta demanda insatisfecha: Campana tiene 12 mil afiliados al PAMI, y sólo el 5% de esa población representa 600 potenciales camas para empezar uno o varios emprendimientos.

¿Cuál sería el "rendimiento" mensual y anual de cada abuelo? Por eso es importante también velar porque los establecimientos que se dedican a la actividad sean permanente controlados tanto por las autoridades municipales, como por los propios familiares. Es decir, que los abuelos hospedados reciban realmente los servicios –no necesariamente baratos- por los cuales se está pagando.

La existencia de geriátricos u hogares clandestinos –léase no habilitados por la autoridad provincial pertinente- es otro de los problemas heredados por la nueva administración. La novedad es la sorpresiva cantidad en funcionamiento que develó la gente del Fénix.

En una crónica del 2012, ya se daba cuenta que eran 15 los establecimientos geriátricos en nuestra ciudad que se manejaban fuera de la ley. "Si bien el Municipio no tiene la potestad para habilitar un geriátrico, debe velar por la salud y el bienestar de los vecinos por lo que su función está destinada a controlar e inspeccionar el estado edilicio, las medidas de seguridad, y principalmente, el estado de salud en que se encuentren los mayores", aseguro entonces, Juan Ferrari, cuando era Director de Inspección General de Stella Giroldi.

Por entonces, la estrategia del municipio no fue salir a cerrar geriátricos clandestinos, pero sí al menos inspeccionarlos para "que sus propietarios aumenten las medidas de seguridad y se adecuen a la ordenanza que regula la actividad", añadió Ferrari, y también se comenzaron a hacer reuniones con familiares de abuelos hospedados, "para que se conozcan, interactúen e intercambiar experiencias y conocimientos". Ergo: empoderar a los propios familiares para que estén atentos y puedan detectar cualquier desvío, sobre todo en materia de seguridad y sanitaria, en estos lugares a los que confían a sus mayores.

Dadas las características de la situación, en esas reuniones también se hacía hincapié en que si bien se trabajaba para que los geriátricos –repetimos, no habilitados por la Provincia- cumplan con los mínimos requisitos para desarrollar la actividad, el Municipio apelaba a que el adulto mayor conviva con su familia el mayor tiempo posible.