Nuestro país ha adoptado la democracia representativa que supone que los ciudadanos delegan las funciones del estado en personas elegidas por ellos mismos, es decir que las autoridades políticas son representantes del pueblo.
Esa forma de gobierno significa que quienes han sido elegidos deben cumplir con el mandato que sus representados les indicaron con su voto y que no es otra cosa que hagan lo que dicen que van a hacer durante la campaña electoral.
Resulta que a poco de gobernar, con las más diversas excusas, los argentinos ven como sus mandatarios hacen caso omiso a lo que se comprometieron y sin volver a consultarlos toman un rumbo distinto al prometido, perdiendo esa legitimidad de origen que les dio su triunfo en las urnas.
El presente gobierno ha llevado esta práctica antidemocrática hasta límites muy difíciles de imaginar, provocando que la gente decida ganar la calle para expresar su descontento y exigiendo cambios en la dirección seguida, esto explica también el aumento de la represión a la protesta social.
Ante este panorama, es tiempo de empezar, lo antes posible, a dotar a esta democracia representativa de mecanismos de participación popular que puedan transparentar las acciones gubernamentales y corrijan el presente desbalance entre los poderes del estado con una abusiva preponderancia del ejecutivo que hace y deshace a su antojo, tal como se ve en los peligrosísimo avance sobre la justicia con imprevisibles consecuencias en la vida de los argentinos, sobre todo de los más desprotegidos.
Quien largó en punta fue el gobierno jujeño de los contadores Gerardo Morales (UCR) y Carlos Guillermo Haquim (Frente Renovador), gobernador y vice respectivamente.
Quienes colonizaron la justicia jujeña al lograr aumentar el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia y nombrar para esos cargos a dos legisladores de su bloque que votaron la ampliación. Esto les permitió mantener encarcelada desde enero de 2016 a la líder de la organización Túpac Amaru y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala aún cuando la OEA, la ONU y numerosas entidades internacionales consideran que está ilegalmente detenida.
En estos días se conoció la decisión del Fiscal General de Córdoba, Alberto Lozada respecto a otra operación contra Milagro Sala. Todo comenzó con un informe del grupo Clarín "Información de último momento, secuestraron en Córdoba un auto importado que pertenece a Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru" y agregaba "De acuerdo a lo que pudo conocer el móvil de Radio Mitre, en su interior había una importantísima suma de dinero. El auto es un BMW coupé, color gris. Se llegó al auto a través de una denuncia de Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, que la radicó en la Justicia Federal".
Finalmente se supo que el auto está a nombre de Nortelevisa S.A., sin vinculación alguna con Milagro Sala y en su interior no había ninguna suma de dinero por lo que el Fiscal determinó que "no constituye por sí mismo un delito" y pidió el archivo de todas las actuaciones
PD: 40 años de lucha. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, ahora y siempre.
