Presentará un proyecto de resolución tras la medida adoptada por el Gobierno Nacional de dar de baja unas 70.000 pensiones no contributivas. "Una pensión es más que un ingreso monetario, es la posibilidad de vivir una vida libre de violencias y sometimientos" sostuvieron.
Tras la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja automáticamente 70.000 pensiones no contributivas, correspondientes a personas con discapacidad, concejales del Frente para la Victoria - PJ presentarán en la sesión ordinaria de este jueves un proyecto de resolución que contemple la situación de los beneficiarios que se han visto perjudicados por la medida.
"Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri se dieron de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017; acentuándose esta práctica en los últimos tres meses. En lo que va del mes de junio, se quitó el beneficio de cobro de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes; y la situación es compleja para quienes quieren acceder a este beneficio: hay más de 180 mil expedientes abiertos que aguardan aprobación" explicó el Dr. Adrián Rey, concejal justicialista.
El edil sostuvo a su vez que "el Gobierno está revisando todas las pensiones, entrecruzando datos y dando de baja automáticamente muchas de ellas, sin mediar ningún tipo de estudio socio ambiental sobre los pensionados, aviso previo, o pedido de precedentes para aclarar la situación patrimonial. Esto viola la ley de procedimiento administrativo que advierte que, para suspender un beneficio, el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene. Es realmente preocupante porque en nuestra Ciudad hay muchos beneficiarios en esta situación, y muchos otros que esperan recibir este beneficio".
Por su parte, la concejal Soledad Calle lamentó que nuestra Ciudad haya sido pionera de esta cuestión. "Al asumir el intendente, se dieron de baja cientos de pensiones graciables, que son aquellas que perciben las personas que tienen la pensión por discapacidad en trámite, hasta tanto se le otorgue la misma. Y las excusas fueron similares: vincular al beneficiario con la especulación o la falsedad sobre su incapacidad laboral, o señalar a las pensiones como parte de prácticas clientelares del gobierno anterior".
No obstante, Calle proclamó que "la autonomía económica es uno de los pilares fundamentales para garantizar condiciones de vida digna para los grupos sociales vulnerables. Una pensión es más que un ingreso monetario; es la posibilidad de elegir la vida que se quiere, es la posibilidad de vivir una vida libre de violencias y sometimientos. El gobierno nacional no solo ajusta y recorta el gasto, sino que pone en discusión la concepción ideológica de que el Estado debe arbitrar los medios para proveer una vida digna a todos sus ciudadanos, pero contrariamente, con esta medida también los deja sin obra social".
Por ello, a través de la presentación del proyecto solicitará información detallada al Ministerio de Desarrollo de la Nación, sobre aquellas pensiones por discapacidad que hayan sido dadas de baja a personas domiciliadas en Campana, y exigirán que las mismas sean rehabilitadas en forma urgente.
Marcha atrás del Gobierno con las pensiones por invalidez
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, ratificó ayer miércoles que las pensiones por invalidez "siguen vigentes", negó que haya un recorte masivo y aseguró que "todas las familias que la necesitan la van a tener".
"No vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones, se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente", sostuvo la ministra.
Stanley insistió que su cartera va a "restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores" y agregó: "Hay un millón y medio de pensionados en el país, es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar sin pensión, porque no es verdad".
"Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones, y nosotros no vamos a convalidar las mafias, por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos lo meses, para ver quién merece la pensión. Para asegurarnos que toda esta inversión social vaya a las familias que la necesitan. Muchas incluso seguramente todavía no la están recibiendo y la necesitan. Vamos a trabajar para que esas familias también la tengan", apuntó en un comunicado.
La ministra insistió en que la cartera que conduce trabaja para revisar aquellos casos donde pudo haber errores y recordó que quienes necesitan rever sus casos pueden acercarse a los Centros de Atención Local (CAL) en todo el país, o llamar al 0800 222 3294.
"En 2015, cuando no gobernábamos nosotros, se dieron de baja 168 mil pensiones con estos mismos criterios y parámetros", reiteró.
Stanley dio como ejemplos "un pueblo en Córdoba donde el 120 por ciento de la población recibe pensiones" y en Formosa "donde hay un pueblo donde estaba cerrada la oficina de pensiones y se entregaban los certificados en un local partidario".
