En estos días el gobierno puso en su agenda un tema que viene siendo, desde hace tiempo, materia de preocupación de algunos sectores de la opinión pública. El tema en cuestión es qué hacer, desde la perspectiva de las políticas públicas, con los alimentos no saludables en un contexto de aumento sistemático de la prevalencia de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (asociadas, todas, con la alimentación).
La primera aproximación al asunto en nuestro país no tiene nada de novedoso ya que propone, esencialmente, un tratamiento similar al que se ha dado en otros países que enfrentaron el problema: 1) el etiquetado especial para los alimentos altos en azúcar, grasas y sodio; 2) el control de las acciones de marketing de los alimentos "no saludables", 3) la regulación de los alimentos que se expenden en las escuelas, y 4) la política fiscal con la finalidad de aumentar el precio de dichos productos para desincentivar su consumo. Todas estas acciones están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace tiempo.
Aún así, el debate se concentró exclusivamente en las cuestiones fiscales. Es decir, en los impuestos. Fundamentalmente porque es un tema "caliente" por estos días. Los dirigentes empresariales plantearon que no pueden tolerar más presión fiscal y que, si esto avanza, deberán trasladar a precio cualquier nuevo impuesto, perdiendo competitividad para exportar. Y con menores exportaciones mayores también son los peligros de que se afecte la producción, con el consecuente impacto en el trabajo (que para el sector representa aproximadamente 500.000 puestos). Respuesta esperable.
¿Tiene sentido aumentar los impuestos para desincentivar estos consumos?
La experiencia en otros países que ya han dado este debate muestra que el aumento de los impuestos desincentivan el consumo. Pero también muestran que en el mediano plazo las acciones más eficaces y eficientes son las que comprometen a estrategias de educación alimentaria. Y cuando se habla de educación alimentaria se implica no solo al trabajo escolar sino, fundamentalmente, a la prohibición (o fuerte regulación) del "bombardeo" publicitario al que los niños se encuentran sometidos.
¿Cómo afrontar el problema en Argentina?
La evidencia muestra que la demanda de estos productos en nuestro país es bastante inelástica, sobre todo si se los considera como genéricos. Dicho de otro modo, si el precio de uno de estos productos sube -por ejemplo el de una gaseosa o bizcochitos de grasa-, la demanda no baja sino que se mantiene. En todo caso, se traslada a otros productos similares, como segundas marcas, de menor calidad pero similar composición. Esto implicaría que el aumento de los impuestos, por sí solo, no sería una alternativa eficaz.
El punto anterior debería ser tenido en cuenta al momento del diseño de políticas alimentarias en nuestro país, ya que es una muestra de que hay ciertas circunstancias de contexto y socioculturales que son de extrema particularidad. Idealmente, para el establecimiento de soluciones, los cuatro frentes de acción planteados deben implementarse de manera articulada y sostenida.
Por otra parte el punto del rotulado no agrega valor si el consumidor no sabe leer la información que obligatoriamente tienen todos los envases de alimentos. Y aún sabiendo lo que significa, tampoco de por sí implica que sea una estrategia que pueda funcionar de modo aislado. De hecho, todos los alimentos no saludables tienen en su etiqueta la información necesaria para que la gente ponga algún reparo al comprarlos y sin embargo esto no sucede.
Con todo lo anterior, llegamos a los puntos centrales, que son los relativos al trabajo en escuelas y a la regulación del marketing. Dos roles que el Estado ya debe ejercer porque la ley lo manda desde hace mucho tiempo. Estos roles son: 1) la educación alimentaria y 2) la regulación de la publicidad de alimentos y medicamentos.
En mi opinión, el Estado no debería desentenderse de la responsabilidades que por Ley le han sido atribuidas para garantizar las herramientas para que los ciudadanos sean capaces de tomar sus decisiones sobre la base de información seria. Y la otra pata del asunto debería implicar que las empresas alimentarias y agencias de publicidad comprendan que estamos en una nueva era y que deben jugar un rol socialmente más responsable. Para este caso, es el control ciudadano, definitivamente, el que logrará moldear una demanda cada día más exigente e inteligente.
Solo con la intención de disparar algunas alternativas para el debate: ¿qué pasaría si el Estado, por ejemplo, obligase a las empresas de alimentos a invertir el mismo monto que gastan en pauta publicitaria en un fondo de inversión que financie el desarrollo de proyectos de alimentos saludables, alternativos a los que ellos buscan vender?
Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com
