La política económica de este gobierno, que es inherente a cualquier gobierno de derecha, tiene como objetivo esencial una fenomenal transferencia de recursos desde abajo hacia arriba con el objetivo de obtener una concentración de los más grandes grupos económicos al liberarlos en su accionar e incluso favoreciéndolos desde el propio gobierno. Tal como dijo el ex - presidente Raúl Alfonsín, "Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre, en el gallinero libre, para comerse con absoluta libertad las gallinas libres."
La principal consecuencia de esta brutal concentración, propia de cualquier economía capitalista sin controles, es que necesariamente ahonda aceleradamente las diferencias en el reparto de los ingresos. Los ricos se quedan cada vez con un mayor porcentaje y los pobres con un porcentaje menor, esto es que proporcionalmente los ricos son más ricos y los pobres cada día más pobres.
Para endulzar un poco las diferencias se habla del derrame, esto es que una pequeña porción de las descomunales ganancias de los ricos derraman hacia los pobres en la forma de trabajos mal pagos. Recordemos lo dicho por el ex-ministro Alfonso Prat-Gay que "los sindicatos van a tener que elegir entre empleo y salarios".
El gran problema que conlleva esta política es que la mayoría debe resignarse a su condición mientras que en su afán de aumentar más y más sus ganancias los bombardean por todos los medios creándoles nuevas y caras necesidades y les enrostran la obscena riqueza de los ricos. Hasta parece una burla que traten de justificarse diciendo que todo lo hicieron trabajando, como si los pobres no trabajaran.
Recordemos aquella frase del gastronómico Luis Barrionuevo: "Nadie se hizo rico trabajando".
El gobierno sabe que esta situación extremadamente violenta de sentirse excluido produce reacciones en las mayorías populares que se traducen en protestas y movilizaciones, o sea argentinos en las calles que no se resignan a ser el pato de la boda.
Como el gobierno no está dispuesto a cambiar ni siquiera una coma del plan económico apela a la represión de la protesta social y para eso necesita a las fuerzas de seguridad y la complicidad absoluta del poder judicial.
Es en este contexto que se debe ver la desaparición de Santiago Maldonado. Así se entiende la cerrada defensa de la gendarmería por parte del gobierno, la lamentable actuación del juez Otranto y la interminable fabricación de pistas falsas para intentar confundir a la opinión pública.
Resulta evidente que a este gobierno le importa mucho más preservar el patrimonio de la empresa multinacional Benetton Group que la vida de muchos argentinos como Santiago y los mapuche.
Esta columna se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?.
