Según muestran las profusas encuestas que se realizan permanentemente, una de las principales preocupaciones de la gente son las tarifas de servicios públicos que han aumentado escandalosamente y que para una gran parte de la población significan una muy importante merma en su poder adquisitivo y en muchísimos casos resultan directamente impagables.
El gobierno insiste en la falacia de que los subsidios estatales a los usuarios con que se mantenían irrazonablemente bajas las tarifas resultaban insostenibles por su incidencia en las cuentas del estado y por consiguiente generadores de los altos índices de inflación. Lo curioso es que este problema ha sido creado por las políticas del gobierno actual que pulverizó el superávit comercial con la caída de las exportaciones y el desmesurado aumento de las importaciones. A esto hay que sumar la quita de retenciones al agro y a la minería que desfinanciaron al estado.
Lo que sí es cierto es que los subsidios, al no tener en cuenta el nivel de ingresos de los consumidores, no eran equitativos. Debemos recordar que para tratar de dar mayor equidad al esfuerzo del estado se abrió un registro para que voluntariamente se inscribieran quienes renunciaban al subsidio por considerar que no lo necesitaban. Como era de prever por la insolidaridad de los que más tienen, el número de renunciantes fue muy escaso y se optó por desestimarlo. Pedirles a los ricos que voluntariamente cedan aunque sea un poquito de sus ganancias es una tarea inconducente.
Como lo que no pagaba el usuario lo pagaba el estado, las empresas cobraban la tarifa completa, es decir que nunca dejaron de cobrar lo que les correspondía, que no era poco ya que ninguna se fue, es por eso que el aumento no sólo se explica por lo que hoy paga el vecino y antes el estado, sino que hubo un aumento real de las tarifas, esto es que las empresas cobran más que antes. Una vez más, la justificación de este aumento es que es necesario para hacer las inversiones que garanticen una prestación "de calidad", pero los cortes de luz siguen y nos siguen reclamando una mayor austeridad en el consumo aunque con estos valores no hace falta pedirlo.
Como para Cambiemos las ganancias de las empresas son intocables, el gobierno nacional propone una reducción de impuestos provinciales y municipales, es decir que sigue siendo un subsidio estatal. Notable ha sido la reacción de nuestra gobernadora Vidal quien repite hasta el cansancio que no puede mejorar la oferta salarial a los docentes porque es el mayor esfuerzo que puede hacer la provincia y sin embargo fue la primera en decidir cobrar menos impuestos para complacer a Macri. Una demostración más de que a los docentes les puede ofrecer más pero no quiere.
En definitiva, como en toda decisión de política económica, la cuestión es resolver a quienes se destinan los dineros del estado.
De lo que curiosamente no se habla lo suficiente es que el problema no se reduce al valor de los servicios públicos, sino que ponen en evidencia lo altamente insuficiente que son hoy los ingresos de la gran mayoría de la población y que el gobierno empuja a la baja, porque también son muy altos los precios de los bienes necesarios para vivir decentemente y por lo tanto bajar las tarifas no soluciona el problema que obliga a los argentinos a consumir cada vez menos con las nefastas consecuencias que eso implica y que repercute en las pymes y el comercio que viven del mercado interno.
Puede ser que con esta brutal caída de la demanda se consiga bajar los índices de inflación. El problema es que esta hipotética relativa estabilidad se parecerá mucho a la paz de los cementerios.
