Olga GarcíaLas ilegalidades denunciadas sobre la metodología de financiación electoral de Cambiemos en Provincia fueron analizadas por el Juez Adolfo Ziulu, a quien le aconsejan no aprobar los especialistas la rendición de operaciones económicas ligadas al sector gobernante. Mas de 100 aportantes son beneficiarios de planes sociales pero hay también aportes de empresas privadas y otras entidades prohibidas por la ley de financiamiento político. Un 99% de los beneficiarios de planes sociales figuran asimismo como afiliados al sector gobernante.
Ante esta situación provincial y la profunda crisis económica de nuestro país, se ha buscado centralizar la prensa en los supuestos aportes empresarios al sector político del gobierno anterior. Los empresarios que protagonizaron aparentemente esto han sido encarcelados pero liberados si su declaración implicaba las acusaciones deseadas.
Todo esto nos impulsa a la reflexión teniendo en cuenta la experiencia de nuestro pueblo. La historia de la democracia argentina ha sufrido etapas terribles. En 1955 una dictadura militar se apoderó del gobierno esencialmente para evitar el ascenso social de los trabajadores, los derechos laborales logrados por organizaciones gremiales, la importancia del crecimiento industrial que sostenía un importante nivel de independencia económica para Argentina. La persecución política se prolongó por 18 años durante los cuales el peronismo tuvo prohibida su participación en elecciones. Aún en esta situación no pudieron eliminar desde el poder la conciencia de derechos sociales y gremiales ya presentes en nuestra sociedad porque la experiencia es esencial en la conciencia de los pueblos.
El gobierno actual quiso liberar a los militares responsables de torturas y asesinatos de detenidos por su militancia política o social durante la dictadura. Las potentes y profundas protestas sociales lograron limitar ese objetivo. También se busca destruir las organizaciones gremiales atacando sus bases económicas mediante fuertes multas para evitar protestas y paros, pero la justicia no aprobó el castigo a los trabajadores. El Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata ordenó al gobierno bonaerense que no aplique la millonaria multa que constituía una represalia por el paro docente de 30 y 31 de julio.
Ante la disminución de la intención de voto, que muestran las encuestas para el oficialismo, se ha generado un ataque legal a la gestión anterior. Se quiso acusar a Cristina Fernández de Kirchner de negociados sin pruebas reales. En la sesión del Senado la ex Presidenta expresó su posición respecto a las acusaciones que le realizan y que apuntan a excluirla de las próximas elecciones. Destacó asimismo que "el nuevo tiempo que sirve para perseguir y prohibir sirve para distraer" la atención de las políticas del actual gobierno y la crisis social que han provocado.
En esta etapa tan terrible debemos guiarnos en nuestra opinión por la propia experiencia. Es esto lo que esencialmente quieren eliminar de la conciencia popular antes de las próximas elecciones.
