Apremiado por la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Nro 1 de Campana a cargo de Mónica Ayerbe de suspender la ordenanza que autorizaba a vender tierras de la zona portuaria, dictó una nueva ordenanza con la intención de esquivar este fallo que desafecta 16 mil metros cuadrados al uso público. Los isleños, indignados, prometen no bajar los brazos.
El pasado sábado, en un día totalmente atípico, sesionó el Honorable Concejo Deliberante de Escobar; con un objetivo único y motivado por el Ejecutivo Municipal, que es el traspaso a manos privadas de una parcela de tierra ubicada en la zona ribereña, hoy ocupada por el Puerto Público de Escobar.
Esta premura surge de la resolución dictada por el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nro. 1 de nuestra ciudad, a cargo de la Dra. Mónica Ayerbe, quien había resuelto suspender los efectos de la ordenanza 5538/2018 que autorizaba a la venta parcial de dicha parcela; la cuál fue cedida en su momento "con cargo" al Municipio de Escobar para uso exclusivo de Puerto comunal.
Si bien el fallo judicial frenó la venta, el Ejecutivo cree que una modificación técnica de parte del HCD podría esquivar la decisión judicial y justamente esta fue la intención de la sesión sabatina, que se enfocó en tratar un nuevo expediente (el 16.576/19) que especifica primeramente la desafectación al uso público del espacio interesado a venderse. Es que la Jueza, lejos de manifestarse en oposición a la venta, consideró que "la desafectación de un bien al uso público (…) resulta una decisión librada a un juicio discrecional de las autoridades de la comuna acerca de la conveniencia o inconveniencia de la medida, en los términos del Decreto Ley 9533/80".
Con el intendente Ariel Sujarchuk de licencia y Pablo Ramos reemplazándolo, la presidencia del HCD quedó en manos de Leandro Costa. Faltaron a la sesión Cristian Vila, Viviana Gaytán y Daniel Bufelli, natural reemplazo de Ramos por ser el sexto en la lista del FpV de 2015.
Con 19 votos favorables, una abstención (la del concejal Chmit) y el voto negativo de Diego Castagnaro (quién ya en 2018 había votado en contra); quedó aprobada la nueva Ordenanza que autoriza la venta (nuevamente) de 16 mil metros cuadrados de un total de 41 mil que comprende la parcela.
De esta manera, se abre un nuevo capítulo a una decisión política muy discutida por el ámbito isleño, usufructuario del Puerto de Escobar desde hace más de 80 años y, que seguramente, no se quedará de brazos cruzados: Los apoderados de la parte actora damnificada (Productores del Delta) Dres. Enrique Ulloa Franco y Esteban J. Diéguez Herrera; apelaron parcialmente la desafectación en las condiciones resueltas por la magistrada y el recurso de apelación fue concedido, difiriéndose su substanciación hasta que se resuelva la incidencia de levantamiento de la cautelar pretendida por el Municipio; con lo cuál quedará todo en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, para resolverse definitivamente la contienda.
LA DESAFECTACIÓN DE 16 MIL METROS CUADRADOS DEL USO PÚBLICO AFECTARÍA DIRECTAMENTE AL PUERTO DE ESCOBAR, MUY UTILIZADO POR LA COMUNIDAD ISLEÑA
UN ANTECEDENTE NO MUY LEJANO
El Concejo Deliberante de Campana aprobó el 23 de noviembre de 2017 el canje del ex Puerto de Frutos a favor de la empresa Tenaris Siderca a cambio que las tierras del estadio de Villa Dálmine pasen a ser propiedad del Club. A su vez la ordenanza votada por 18 votos a favor y dos en contra, establece que el Municipio contará con el usufructo de un predio sobre Ruta 6 para el funcionamiento del Corralón Norte por los próximos 20 años, lo que le permitiría un ahorro a las arcas municipales, en esos momentos calculado en 100 millones de pesos.
Si bien el proyecto fue altamente festejado por toda la hinchada del club Villa Dálmine y terminó siendo aprobado con un concenso entre oficialismo y oposición inédito en los últimos tiempos; el resultado final tiene un "daño colateral", que a la larga puede traer consecuencias indeseables tanto para el municipio como para la empresa Tenaris: un juicio entablado por una de las cuatro areneras que históricamente se encontraban instaladas en el lugar.
Esta situación ha provocado la solicitud ante la Justicia de un resarcimiento económico de exactamente $39.640.000 por daños y perjuicios a favor de Carlos Francinetti (fallecido recientemente), titular de la arenera desalojada, quien es patrocinado por el estudio Gregorio Badeni y Asociados.
La denuncia fue radicada (también) en el Juzgado Contencioso Administrativo de la doctora Mónica Ayerbe y consta de más de 100 fojas y demanda a Siderca SAIC y a la Municipalidad de Campana en forma "solidaria e igualitaria".
