Lo que sucedió esta semana en el Concejo Deliberante es la muestra de las crisis que se producen cuando no existe un horizonte claro de planificación urbana. El cambio de zonificación de un determinado sector del territorio va más allá de los intereses particulares o la simple especulación inmobiliaria. Es una acción que en función de la visión sistémica del planeamiento habrá de producir un impacto territorial en todo el partido. Entonces, las acciones propias de un hecho de esta magnitud implican un trabajo de estudio del impacto global, no solo ambiental sino económico-social y de análisis de las relaciones costo beneficio, para toda la comunidad.
Para ser más preciso y no abundar en especulaciones teóricas, quiero decir que, si existiera un verdadero plan de acción con los lineamientos claros para la sociedad, con una certeza respecto de los beneficios en que redunda y la garantía de la preservación de los sectores naturales además de una cuantificación real del valor de la plusvalía territorial y su aplicación objetiva con beneficio al inventario social, quizás este debate dejaría de ser estéril.
La discusión dada en el seno del Concejo sobre el cambio de zonificación del Tajiber es la muestra más clara de la falta de ejercicio pleno de la planificación territorial, como conceptualmente debe ser. Esto no es simplemente una rezonificación. Es una operación urbanística de un carácter excepcional para nuestro territorio. Me permito hacer un poco de historia. En el año 1984, la cátedra de proyectos ambientales de la Universidad de Belgrano observó que en este sector existía una potencialidad para el desarrollo de lo que en ese anteproyecto se llamó el Parque costero Norte. Si bien esa propuesta tenía un cierto sesgo de Utopía urbana, cabe señalar que se ponía de manifiesto el fuerte carácter de reserva verde y la potencialidad ambiental, arqueológica y recreativa de ese predio, y hoy a la luz de su carácter de zona de amortiguación de la reserva, quizás resulte menos utópico que hace 40 años. Cualquier proyecto sobre ese sector, con su ubicación estratégica, es un hecho de impacto territorial mayor, donde deben coexistir varios usos urbanos que derramen beneficios objetivos para la comunidad más allá de los mezquinos intereses inmobiliarios y la voracidad fiscal que se guía solo por los resultados económicos derivados de las acreencias de la plusvalía o del revalúo inmobiliario resultante, y la expectativa tributaria. El planteo de la avalancha de mano de obra supuestamente esperada, algo así como 3000 puestos de trabajo, según se declama, es un argumento poco serio en estos tiempos donde cualquier emprendimiento es en general de tecnología intensiva y baja ocupación de mano de obra. Sobre todo, en economías como la nuestra donde la carga salarial es alta en comparación con otros países de la región y mucho más con los destinos asiáticos. Así que sería un buen momento para ir moderando los argumentos y pensando en otras estrategias para sensibilizar a la opinión pública. Y si fuera cierto que es tal, la expectativa de afluencia masiva de mano de obra, se generan muchas preguntas, por ejemplo, ¿de qué mano de obra hablamos?, ¿Nos referimos a mano de obra en fuerza?, ¿Estamos entonces en la certeza del tipo de industria que esperamos se establezca? Y siguiendo con este razonamiento, en función de esto que supuestamente sabemos ¿tenemos la previsión del impacto que esto habrá de causar en la actual estructura de nuestra ciudad?, ¿Estamos leyendo las numerosas adecuaciones que nuestra reglamentación urbanística debiera sufrir en función de la mentada avalancha habitacional prevista? Por otro lado, si es cierto que hay en las gateras esperando para instalarse tantas industrias, con interés sobre nuestra zona, ¿por qué no se instalan ya en todo el territorio que hoy tenemos ocioso con destino industrial?, sean estos destinos posibles, por ejemplo, los parques industriales existentes, entre los cuales cuento el amplio bajo del Arroyo de la Cruz, sobre el cual ya he escrito bastante en otros artículos.
Quiero ahorrar a cualquiera el esfuerzo por argumentar. La respuesta es simplemente no, porque no hay tal pugna. Para complicar más aun la cuestión, hay otro componente no menor en esta ecuación y que amplía las preguntas posibles, por ejemplo, ¿qué es lo que produce la mutación conceptual del gobierno de turno que promovió el mantenimiento del statu quo de ese sector tal como lo aprobaron hace poco en la ordenanza 6066? ¿No era ese sector supuestamente inamovible y debía mantenerse como área de preservación natural? Para hacer un emprendimiento urbano de más de 2500 metros, o para urbanizar suelo, es necesario según el código convocar a los vecinos y hacer un debate público. Para este impacto socio económico, ¿no es necesaria tal audiencia?
Por otro lado, resulta tan difícil de entender cómo es que el área de ordenamiento urbano de la Provincia es tan celosa de admitir la creación de nuevas extensiones urbanas, limitando la creación de suelos urbanizables, o limitando las densidades ocupacionales, con el argumento de que aun queda mucho suelo remanente en nuestro territorio, urbanizado y sin ocupar, y no lo es en la alegre modificación de un territorio industrial con lo que ello implica en cuanto a modificación territorial.
Creo que es un buen momento para entender que es necesario hacer políticas territoriales activas y definir qué tipo de ciudad queremos y qué pretendemos generar en el territorio. De esta forma terminaríamos con estos espectáculos poco edificantes y estos debates hostiles, sin argumentos objetivos. Ninguna de las posturas aparece como sustentada con más interés que el favor sectorial, que al parecer beneficia más al sector privado interesado y al sector público ávido de beneficiarse con resultados de la plusvalía, que a la sociedad que asiste como siempre como convidado de piedra. Si no es así cual es el justificativo para impactar en el territorio generando un cordón duro de radicaciones industriales, cercenando definitivamente las expectativas urbanas de recuperar algo de los bajos cercanos al río, afectando aun la zona de amortiguamiento de la Reserva de Otamendi.
Vuelvo al principio, si esto estuviera apuntalado por un proyecto real y completo donde queden en claro todos los sectores, los beneficios que recibe la comunidad, el plan y el compromiso de inversiones efectivas en el tiempo, la cualificación de las implantaciones, la cuestión de la logística, la circulación y su impacto en la zona verde, el tema del famoso camino del pie del barranco eternamente prometido y siempre postergado, ahora frente a esta posibilidad más que imprescindible, la verdadera calidad ambiental de los humedales, que probablemente no lo sean como tal sino simplemente zonas de inundación y regulación de crecidas, las acciones ambientales de protección, la preservación del remanente patrimonio arqueológico, en fin un sinnúmero de temas que deben fundarse técnicamente y consensuarse con la comunidad, en resumen si se ejerciera una política de planificación proactiva como corresponde, y existiera un proyecto realmente evaluable, la propuesta, es probable que fuera perfectamente interpretada y probablemente debatida con altura, consensuada y hasta quizás aceptada por todos con lo cual nada de esta cuestión de dimes y diretes terminaría ocurriendo.
El tema como siempre excede el límite del par de carillas de este artículo, pero permite concluir en lo que digo habitualmente, el plan está siempre antes de cualquier acción.
Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015
