Opinión:
Vuelta y nuevos escenarios
Por Arq. Jorge Bader

Estuve ausente un mes por circunstancias familiares, y al regresar me encontré con varias sorpresas. La Argentina es un país donde uno se ausenta un tiempo y cuando vuelve todo es diferente. Nuevos escenarios, otras expectativas, otra circunstancia económica, y otro panorama político.

Me interesa analizar un aspecto de nuestro carente plan urbano y las reclamadas modificaciones al Código en el nuevo escenario probable. Es innegable que ciertas acciones de planificación urbana en los municipios, son posibles en la medida que haya una homogeneidad de criterio con la administración provincial. Esto más allá de las coincidencias políticas de ambas administraciones, tiene que ver con la cuestión de los procedimientos.

La modificación de indicadores urbanísticos o la convalidación de variantes en la zonificación territorial, la anexión de nuevas áreas urbanizables o la incorporación de nuevas áreas industriales, son temas de la planificación urbana que deben necesariamente convalidarse en la administración provincial. El responsable de la última palabra en esta cuestión es el administrador del ordenamiento urbano provincial, sea este cual fuere el organismo, antes Ordenamiento Urbano y ahora la dependencia correspondiente de la OPDS.

Por la Ley de uso del suelo, la archi renombrada 8912, y sus decretos complementarios, toda acción que afecte al territorio en indicadores o rezonificación tiene que pasar por ese filtro provincial. Los que alguna vez tuvimos alguna participación, directa o indirecta en estas cuestiones administrativas podemos aseverar lo lento y dificultoso que resulta la aprobación de alguna modificación en estos estamentos provinciales. Como caso de excepción, el primer Código surgido en 1984, a solicitud expresa de Ordenamiento Urbano, llevo, aun así, casi un año de tramitaciones, y sus modificaciones en los 30 años posteriores de su vigencia, fueron y vinieron y en muchos casos no prosperaron. La modificación última del Código, llevo casi 3 años de vueltas y por alguna inconsistencia administrativa, nos sometió a un limbo reglamentario durante dos años donde, por imperio de la voluntad se aplicaba el Código viejo para algunas cuestiones y el Código nuevo para otras. Triste episodio que dio como resultado varias conclusiones cuestionables en la construcción y el perfil urbano.

No quiero volver sobre eso de lo cual ya he escrito oportunamente. Quisiera enfocarme en lo que puede venir. Si los resultados próximos son lo que anticiparon las PASO, tendremos un color local y otro provincial. Veamos ese escenario. En estos 4 años de gobierno coincidente, en Nación Provincia y Municipio, no se abordó de ninguna forma orgánica la cuestión del Planeamiento físico local, ni se abordó la modificación de las inconsistencias más gruesas del código. Solo se produjo un episodio fuertemente cuestionado en el tema de un mal llamado enrase, para homologar injustamente alturas edilicias por simpatía o proximidad a hechos ya construidos, tema que no prosperó, y terminó en una propuesta modificatoria diferente que aún no se aprobó, y por supuesto, el consabido y largamente comentado tema de la rezonificación del Tajiber.

El caso de las alturas, como el de las cocheras, son aspectos de carácter local que no obligan a convalidación provincial. Pero la rezonificación, con la adjudicación de indicadores sí. Y acá viene algo interesante. Si no logramos en primera instancia un consenso local sobre el Tajiber, y en el nuevo escenario el gobierno local logra por mayoría darle curso a esa propuesta, ¿qué va a suceder cuando deba homologar esta cuestión en una administración provincial adversa? Y en este escenario es donde más se pone de manifiesto lo que hace años vengo expresando. Si hubiéramos hecho el trabajo de base de generar nuestro nuevo plan de desarrollo urbano estratégico, donde los lineamientos generales estuvieran debatidos y consensuados con la sociedad, habría al menos algunos puntos de acuerdo básico para peticionar en conjunto sobre una voluntad de hacer en la ciudad, con criterio uniforme y separado de las visiones políticas coincidentes o divergentes. Y quisiera ejemplificar este concepto para aclarar cierta charla que he mantenido esta semana sobre algunos de estos aspectos. Por ejemplo, si la sociedad acuerda en el plan estratégico que la cuestión central es el saneamiento, y que es prioritario como eje del desarrollo garantizar la eliminación del riesgo de vectores biológicos, por ejemplo, eliminando las zanjas de todos los barrios, este es un concepto básico en el cual todos los colores políticos, decisores y actores, pueden ponerse de acuerdo. Luego, las prioridades y la metodología puede ser materia opinable según la oportunidad y circunstancia, pero el objetivo macro no se pierde, es aquel inicial de lograr el saneamiento.

Otro ejemplo, si el objetivo es lograr una ciudad menos automovilística y más peatonal, quizás el consenso socio político, resulte en la mejora de las veredas, en la construcción de cocheras públicas, en la generación de sendas selectivas de vehículos de distinto porte, en la reformulación del uso de los parterres como parques lineales transitables o en la aplicación de una política pública activa en el desarrollo del transporte colectivo, todo ello objeto de diseño urbano, pero convergente a ese objetivo macro de lograr una ciudad más caminable y menos auto dependiente.

El qué hacer estaría acordado en el plan, pero el cómo, cuándo y dónde, podrían ser materia opinable posteriormente y según el criterio de oportunidad del decisor de turno. Un plan urbano es eso, la generación de consensos básicos sobre los temas centrales, no necesariamente el proyecto final que satisfaga ese objetivo sino la visión consensuada del camino a seguir, algo que vengo enunciando desde hace ya algunos tantos años.