La baja de las alícuotas, respecto al texto original enviado por Kicillof, fue planteada por los senadores de Cambiemos y trajo alivio a Campana, entre otras ciudades. En cambio, generó malestar en el gobernador y desde su gabinete ya hablan de la necesidad de discutir una nueva Ley de Puertos.
Luego de la reunión que el gobernador Axel Kicillof mantuvo con los intendentes "opositores" en el marco de la discusión de la nueva Ley Impositiva bonaerense, Sebastián Abella manifestó que entre sus mayores preocupaciones estaba el nuevo gravamen a las actividades portuarias. Y que ante esa situación había dialogado especialmente con los jefes comunales de La Plata (Julio Garro), Bahía Blanca (Héctor Gay) y San Nicolás (Manuel Passaglia) para buscar alternativas ante una realidad que elevaba costos y afectaba particularmente a estos municipios, al igual que a Zárate, Quequén, Mar del Plata y Avellaneda (Dock Sud).
Al mismo tiempo, desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales habían manifestado su preocupación y marcaban que se trataba de una medida "económicamente ruinosa e impositivamente inaceptable".
En su artículo 100, la Ley Impositiva enviada por Kicillof preveía un incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB.) de las operaciones en los puertos que, en algunos casos, marcaba un aumento de hasta el 1.400%. "Algunos pocos sectores (concentrados y minoritarios) se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años", señalaba el proyecto de ley en uno de los considerandos.
Pero no se trataba solamente de ese incremento, dado que la alícuota llegaba a equivaler a casi el 50% del valor del servicio prestado por una terminal: carga, descarga y removido de mercaderías. Además, la medida cambia el criterio de la base imponible: reemplaza el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operados en los puertos. Así, cada tonelada embarcada iba a tributar $93; la descargada, $278, y la tonelada removida, $46. A excepción de las mercaderías en tránsito, arena y piedra y la pesca artesanal.
Por ello, desde la Municipalidad de Campana se pusieron en contacto con senadores de Juntos por el Cambio para analizar la situación. Es que, en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos contaba con mayoría propia. En cambio, en el Senado provincial, el bloque mayoritario es el de Juntos por el Cambio, que hizo valer ese número para imponer modificaciones. Entre ellas, propiciaron la reducción del 50% a las alícuotas de las actividades portuarias. Específicamente, las variaciones en la tasa extraordinaria fueron tres: por tonelada cargada, la alícuota fija se redujo de $93 a $46,50; por tonelada descargada de $273 a $139; y por cada mil kilos de mercadería removida durante el mes de $46 a $23.
"Estuvimos en contacto con los senadores de Juntos por el Cambio y la resolución final marca que tendremos la mitad del impacto que iba a darse", explicó Sergio Roses, Secretario de Desarrollo Económico de nuestra ciudad.
La lectura que había hecho el gobernador Kicillof sobre la norma enviada al Legislativo provincial apuntaba principalmente al sector agroexportador, que tiene su mayor actividad en Bahía Blanca y Quequén y que en Campana "tiene muy poca incidencia", según detalló Roses.
"A nosotros, estos incrementos nos aumentan los costos industriales y nos quitan competitividad respecto a puertos cercanos no bonaerenses como los de Buenos Aires y Rosario", agregó el funcionario local en diálogo con La Auténtica Defensa. De hecho, las subas afectarían directamente a las dos principales empresas de la ciudad.
"Está claro que la Ley busca fuentes de financiamiento sin reparar en la producción; tiene una intención fiscalista y no productiva. Y nosotros siempre pregonamos la promoción de la producción y, en ese sentido, una búsqueda para tratar de abaratar costos para seguir desarrollando la logística, que es una actividad muy importante para nuestra región", afirmó Roses.
Durante la discusión que se dio al respecto en la sesión del Senado, Santiago Passaglia (Juntos por el Cambio) aseguró: "Quisieron hacer pasar desapercibido un artículo que lo que va a conseguir es la paralización de los puertos y que va a generar pérdida de trabajo".
En esa línea, en la previa al tratamiento de la Ley, el Presidente del Puerto La Plata, José María Dodds, había destacado: "La asimetría va a ser tan grande con respecto al puerto de Buenos Aires que la carga no va a venir (a la provincia), afectando el desarrollo regional y las fuentes de trabajo".
En tanto, el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Miguel Donadio, había manifestado: "Afectará fuertemente la competitividad y provocará una baja en la actividad. Es un golpe a la autonomía de los puertos".
Mientras que Alejandro Semmartin, presidente del Puerto de Dock Sud, había indicado: "Se va a recaudar más, pero se va a perder el volumen de carga. Los contenedores directamente se irán a Buenos Aires. Esperemos que revean la medida".
MALESTAR OFICIAL
Luego de que el Senado bonaerense aprobara con cambios la Ley impositiva de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia lanzó una catarata de críticas a la oposición a través de su cuenta en Twitter. Acusó a los legisladores opositores de incluir a su proyecto medidas que "desfinancian a la Provincia" y "favorecen a sectores concentrados". Además, reprochó a la oposición por haber acusado a su gobierno de "hacer un impuestazo", "de perjudicar a los sectores medios", "de no buscar el consenso" pero apuntó a que el propósito de era "defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas".
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aclaró que no vetarán las modificaciones. "La ley es un instrumento imprescindible para empezar la gestión. En eso estamos conformes con que se ha votado. Pero en cuanto al contenido de la ley, esto va a afectar no solamente a la administración central, sino a la totalidad de los municipios, que derrama la recaudación por coparticipación municipal", explicó.
Y se refirió puntualmente a lo acontecido respecto al artículo 100 referido a las actividades portuarias. "La Provincia de Buenos Aires es el frente marítimo más grande del país. Los puertos están en manos de consorcios semiadministrados por los municipios y los consorcios, que son prácticamente privados. Lo poco que tributan forma parte de la dinámica del consorcio: la provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria", explicó.
¿NUEVA LEY DE PUERTOS?
Tras la aprobación de la Ley Impositiva, la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, remarcó la necesidad de discutir con "imperiosidad" una nueva Ley de Puertos en la Provincia, producto de la controversia que se generó por las modificaciones de Juntos por el Cambio.
"Cambiemos dejó claro a quién quiere beneficiar", enfatizó la funcionaria. Justamente, en uno de los considerandos de la Ley, el Gobierno de Kicillof argumentaba que en los últimos cuatro años los sectores exportadores se beneficiaron sideralmente. "Es porque los volúmenes despachados en 2019 en los puertos de Bahía Blanca y Quequén subieron en porcentajes que oscilaron el 56% y el 500% respecto a 2018", aseguraron respecto al polémico artículo 100.
En ese marco, García evaluó que "Cambiemos le sacó 10 mil millones de pesos a la provincia con las modificaciones que promovió en el Senado", y recordó que desde el Ejecutivo ya se habían hecho "los cambios que ellos habían pedido, pero quisieron ir por más para favorecer a los cableoperadores, a los administradores de puertos y a los grandes jugadores del campo".
CAMPANA ES UNO DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
