Un documento emitido por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires señala que existen 21 mil cupos, para una población de detenidos que supera los 40 mil. "Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones", explica en relación a las prisiones domiciliarias otorgadas por la pandemia.
"Superpoblación, hacinamiento, crisis de la sanidad penitenciaria y pandemia del Covid-19 constituyen un cóctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo), hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades", advertía el pasado 16 de marzo un documento emitido por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana esa asociación de magistrados difundió un nuevo documento, titulado "La pandemia no admite mezquindades" en el que recuerda que hace más de dos décadas que viene denunciando el estado de insalubridad de cárceles superpobladas y con mala alimentación, y que pese a ello "las legislaturas nacional y provincial, han aumentado penas y ampliado las prisiones preventivas, sin el correspondiente aumento de los lugares de detención por parte del Poder Ejecutivo. Esta irresponsabilidad determinó una extrema superpoblación carcelaria, haciendo que el sistema penitenciario lejos de resocializar, deteriore; y que los internos, en vez de adquirir conocimientos útiles para su reinserción social (salvo algunas esforzadas experiencias), aprenden a sobrevivir en marcos de violencia (factor sustancial de la reincidencia)".
En este contexto, al que se suma el condicionamiento aportado por la pandemia del coronavirus, el Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a un Hábeas Corpus colectivo, otorgando prisión domiciliaria solo en favor de quienes hayan cometido delitos "leves" y se encuentren en grave "riesgo" por la precariedad de su salud. Fueron sólo 647 casos, según el primer listado del Poder Ejecutivo bonaerense, y los jueces penales bonaerenses tramitaron miles de causas, trasladando fuera de las penitenciarías a sólo 2267 internos.
El documento emitido por la Red de Jueces, al que tuvo acceso La Auténtica Defensa afirma que "es entendible que revisar las particularidades de decenas de miles de causas, imposibilita solucionar por esta vía el riesgo de contagio. La solución a una crisis social nunca es jurídica… el Poder Judicial sólo resuelve conflictos particulares. Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones. Si advierte inconveniente tal vía, es su responsabilidad adoptar medidas sanitarias en las unidades y derivar a centros preparados a los internos contagiados".
"La crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes. Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias. Pero es claro que no sancionamos, ni modificamos, ni derogamos leyes. Tampoco diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley. La pandemia requiere de una acción mancomunada, sin mezquindades", concluye el documento.
