Es lo que interpreta la Cámara de Puertos Privados Comerciales que cuestiona la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva "por incrementar excesivamente la presión fiscal sobre el sector" y también por "violentar la jurisdicción federal".
En el marco del proyecto de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, que fue observada y objetada días atrás por bloques opositores que argumentaron "los efectos que tendría para los vecinos de nuestra ciudad donde los niveles de aumentos en las tasas creará una ola de deudores en un contexto de crisis, falta de ingresos y actividad productiva", quién alzó su voz ahora es la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que también manifestó su oposición a varios artículos contemplados en el Proyecto de dicha ordenanza, ya que estima que "no solo incrementan excesivamente la presión fiscal sobre el sector sino que también violentan la jurisdicción federal".
En una nota presentada a la presidencia del Concejo Deliberante, al Ministro de Transporte de la Nación y a todos los presidentes de Bloque partidarios, refutó los artículos del Proyecto que según su criterio no solo son notoriamente inconstitucionales sino también por el desmedido incremento de algunas alícuotas que dificultará enormemente su cumplimiento, poniendo en peligro la continuidad de la actividad portuaria.
Los artículos objetados por la Cámara por "afectar a los puertos privados, los buques y a los transportes terrestres en el área portuaria" son los contemplados en los Capítulos XX y XXVIII de la Ordenanza Fiscal y en el Capítulo V de la Impositiva "a partir de los cuales se vuelve a insistir en tributos que ya habían sido receptados en la Ordenanza del año 2017 y que finalmente nunca fueron aplicados por decisión del propio Ejecutivo por cuanto -afirmó- "luego privó la razón y el Ejecutivo nunca las aplicó".-
Entre otras consideraciones, cimenta su oposición a la iniciativa -que califica de desafortunada- de volver a poner sobre el tapete tributos de dudosa legitimidad en las circunstancias extremadamente críticas por las que atraviesa el país que imponen, más que nunca, la obligación de preservar y potenciar aquellas actividades económicas que -como es el caso de la actividad portuaria- en su desempeño, se han demostrado exitosas para "preservar las fuentes de trabajo, favorecer y acompañar el crecimiento de nuestro Comercio Internacional, base principal de generación de los recursos económicos de la Nación, de la Provincia y obviamente de la propia Municipalidad".-No se conseguirá tal crecimiento con la aplicación de tasas, a troche y moche ni con el incremento excesivo de las ya existentes, afirmó la Cámara en otra parte de su presentación.-
"Resulta llamativo -se afirma también en su texto- que mientras en el enunciado del Proyecto en trato se pregona la decisión de aplicar políticas públicas tendientes a reducir la presión tributaria de manera responsable y que las modificaciones e incorporaciones allí propuestas están orientadas a fomentar la actividad económica para motorizar la generación de empleo genuino, por otro lado se incremente desproporcionadamente la tasa por inspección de seguridad e higiene y vuelvan a incorporarse tributos que no solo agreden leyes federales -y por ende son inconstitucionales- sino que en modo alguno están en consonancia con los postulados progresistas del espíritu que se manifiesta en la resolución.-
