Desde la Secretaría de Género y Diversidades del Frente Grande Campana consideramos oportuno remarcar que la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández de intervención a la empresa Vicentín se encuadra en la expropiación por cuestiones de utilidad pública, como dice la ley y la Constitución Nacional. De esta manera, la medida no solamente impacta en una cuestión empresaria, sino en el funcionamiento y preservación de los puestos de trabajo para los trabajadores y para los productores proveedores de dicha empresa, que son más de dos mil.
Resulta indudable que una intervención por parte del Estado argentino en una empresa cuya capacidad de incidir en la política económica, tanto desde el mercado de granos y la industria alimentaria como desde el mercado de divisas, toca de lleno la política agropecuaria y a la autonomía que han gozado los monopolios privados.
En este contexto, no llama la atención que diversos sectores políticos del oficialismo local, como en el caso de la Comisión de Género de la UCR, salieran a manifestarse a favor del sector empresarial y hasta a arrogarse hablar en representación de trabajadores y trabajadoras.
Son los mismos sectores que nada dijeron ni expresaron ante las millonarias sumas con que el Estado financió a la empresa privada a través de bancos nacionales, como por ejemplo el Banco Nación, para supuestas inversiones bajo grandes irregularidades, y que luego utilizó la figura del "estrés financiero" o default para dejar de afrontar los pagos a los productores de la zona. De la misma forma, esos sectores guardaron silencio cuando dicho monopolio decidió cerrar dos sectores icónicos como lo fueron la refinería y la envasadora de aceite, alegando poca rentabilidad y dejando sin trabajo a numerosos trabajadores y trabajadoras. No se vio a esa misma dirigencia dar su apoyo y solidaridad para con esas familias.
Calificar de "dictadura" a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo no sólo es erróneo sino malicioso, ya que nada tiene que ver el objetivo económico y social que tuvo la dictadura militar con el del gobierno actual.
Vicentín no es una empresa próspera sin ningún inconveniente económico, por el contrario, como señala Claudio Lozano en su cuenta de Facebook "...se trata de un grupo empresario que en el marco de maniobras que deberán ser investigadas, ya que podrían configurar prácticas de tipo fraudulento, ha terminado estafando a cerca de 5000 trabajadores y miles de productores y la banca pública perdiendo valor y corriendo el riesgo de caer en manos de grandes empresarios del comercio de granos...".
Hablar de pobreza y desigualdad implica hablar de violación de derechos humanos y cuando se trata de hambre, más aún. Diversos movimientos y proyectos emancipatorios como los feministas, se han apropiado de la temática como herramienta de lucha redefiniendo y ampliando el sentido del concepto. En nuestro país, el movimiento de derechos humanos representa la búsqueda inclaudicable de justicia y reivindica la posibilidad de pensar otro proyecto de país más igualitario, con un Estado presente que atienda a las necesidades y urgencias de su pueblo.
En esta línea, las mujeres del Frente Grande Campana vemos con profunda preocupación que se continúen desconociendo los sentimientos de incertidumbre que genera el cierre de una empresa al declararse su quiebra, dado que son innumerables los y las trabajadores que ya no tendrán asegurado el sustento de sus familias. En un mundo donde, a pesar de los debates y desnaturalizaciones que se vienen viviendo en relación con las desigualdades por razones de género, el varón sigue siendo el "proveedor", y ante el hecho de que éste quede sin empleo o su salario se vea afectado por inestabilidad financiera del empleador, son las mujeres quienes conocen a la perfección lo que ello genera y las consecuencias que trae.
Por lo tanto, consideramos necesario afirmar que es el Poder Judicial quien podría declarar alguna inconstitucionalidad en la medida adoptada hacia la empresa Vicentín, por lo que no se trata aquí de un tema jurídico el que debería debatirse.
En cambio, sí es una discusión política apropiada la comprensión de lo que significa que el Estado nacional pase a tener control sobre partes de las divisas que un sector como el agroexportador genera, a fin de fortalecer así el desarrollo al interior de nuestro país e incluso con miras a la Soberanía Alimentaria, lo que impactaría directamente sobre el bienestar y la salud de las familias.
Consideramos que colocar el debate en la defensa de los intereses monopólicos es, por lo menos, calificable de falta de empatía (característica que justamente nos definiría como mujeres según el patriarcado), en momentos en que la pandemia pone al descubierto el desastre económico y la desigualdad social en la que nos dejaron los cuatro años de neoliberalismo macrista, sector al que pertenecen quienes se oponen al proyecto.
Gustavo Parravicini – Frente Grande Campana
