El crecimiento económico, la inflación y las condiciones sociales son parte de un análisis amplio que encara el gobierno en miras hacia una mayor equidad distributiva el año próximo.
Es un hecho que luego del peor trimestre en la historia económica del país, el período abril-junio, comenzaron a verse señales de progresiva recomposición de la actividad en el período julio-septiembre. Ese "rebote" fue capturado por las estadísticas de INDEC publicadas esta semana, que revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 12,8% en el tercer trimestre del año respecto del anterior. Una performance mejor a la esperada meses atrás. Así la caída del PIB pronosticada para todo el 2020 estará en torno a -10% anual (como dato de color, no desplazará del podio a la peor crisis de la economía argentina del año 2001).
El "rebote" del PIB permite anticipar el comportamiento en 2021 versus el 2020 pandémico: algunas voces del oficialismo sostienen que la actividad crecerá por encima de los pronósticos presupuestados (5,5% anual) mientras otros piensan que apenas repuntará un 4%. Todos coinciden en pronósticos más moderados a partir de 2022, es decir, más allá del rebote, no nos aventuramos a años de bonanza económica. Este año, todos los sectores económicos redujeron su producción excepto el de alimentos y bebidas; en noviembre algunas ramas se mostraron más pujantes respectos a meses previos: la construcción y el complejo automotriz (ambos con muy buenas proyecciones para 2021).
Analizando el PIB según los componentes de la demanda agregada, observamos que el consumo y las exportaciones son las variables más rezagadas, que aún no llegan a equiparar los niveles pre-pandemia. Eso es consecuencia de la retracción de los ingresos de las clases medias y bajas durante este año y, por el lado de las exportaciones, debido a una menor demanda externa y a la brecha cambiaria que desalienta la liquidación. Para el año próximo serán claves la recuperación salarial pero también la estabilidad cambiaria; siendo esta última condición para la primera ya que contribuye a mantener los precios a raya.
Veamos qué pasó con la inflación en los onces meses que lleva contabilizados INDEC. Los precios acumularon un aumento del 30,9% que permite esperar que cierren el año con una suba cercana a la computada en el Presupuesto. ¿Cuáles fueron los ítems que más subieron? Llamativamente aquellos sectores que fueron golpeados por la pandemia, y esto induce a leer un efecto de recomposición de la tasa de ganancia en los mismos. Me refiero al sector textil, a recreación y cultura, los alimentos y bebidas (esta es la excepción pues no retrocedió en pandemia pero sí se vio afectado por la devaluación), electrodomésticos para el hogar y restaurantes y hoteles. Es de esperar que estas subas cesen el año próximo, cuando entrarán en juego los aumentos en medicina prepaga, educación privada, servicios públicos (que incluye telecomunicación).
El gobierno ya trabaja en esquemas que permitan un impacto equitativo del descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Esta semana se anunció la llamada Prestación Básica Universal (PBU) de las telecomunicaciones para los sectores vulnerables y de menores ingresos; estimados en unas 10 millones de personas entre jubilados, beneficiarios de planes sociales, aportantes al monotributo social, trabajadores del sector informal, etc. La Ley de Solidaridad que congeló los demás servicios vence este diciembre, pero las actualizaciones se darán de manera paulatina. El Secretario de Energía, Darío Martínez, diseña un esquema de ajustes en las tarifas de luz y gas que dejaría por fuera a los sectores vulnerables al menos en 2021;los aumentos (que rondarán un 30%) recaerán sobre quienes puedan pagarlos y en los subsidios del Estado.
"El Estado no se retira", repite el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando con suma hipocresía representantes de la oposición (esto incluye a periodistas) le preguntan azorados por qué interrumpirán el IFE y ATP en una Argentina con 40% de pobreza. "56% de pobreza entre la población de 0 a 14 años", responde Arroyo. En Argentina los pobres pagan más caros los alimentos, la telefonía y el gas. Una situación paradójica que se presta para revertirse. El IFE fue una asistencia monetaria de $10.000 bimestrales que llegó a 9 millones de argentinos, el ATP permitió pagar sueldos a 2,5 millones. ¿Cuál es el plan a seguir, según Arroyo? Lo resume al mencionar que se equipararán las ayudas alimentarias con las destinadas a fortalecer la inserción laboral (mientras que este año la relación presupuestaria fue de 80% a 20%). El Plan Potenciar Trabajo (PPT) que está entrando en vigencia supone el pago de la mitad del salario mínimo (unos $9.400) a personas que se dediquen medio tiempo a la construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y reciclado. El resto de su ingreso lo complementan con changas. Se hace un seguimiento en 500 puntos del país y observa que menos personas asisten a comedores escolares porque vuelven a aparecer las changas. También el Ministerio impulsará la urbanización de barrios populares, traccionando de ese modo la construcción.
Hay un Estado más presente, con más herramientas informáticas por ejemplo que le permiten llegar a sectores más necesitados de la población. Hay una decisión respecto a eso que se consolidó en pandemia, pero claro no es el único actor de peso en la sociedad y los conflictos de intereses se harán latentes el año próximo.
