En dicha ciudad, en junio de 2017 se secuestraron más de 1.300 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero que iban a ser enviadas a España a través del Puerto de nuestra ciudad. Por ello, el Juzgado Federal de Campana tomó intervención en la causa y ordenó los allanamientos que permitieron desbaratar a la banda.
En junio de 2017, casi dos toneladas de cocaína valuadas en 60 millones de dólares fueron secuestradas en la ciudad de Bahía Blanca y en la provincia de Mendoza, en el marco de un operativo en el que fueron detenidas 17 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana que integraban una célula de un cartel de Michoacán.
La operación, realizada por la Policía Federal Argentina, y que contó con participación de efectivos del Departamento Antidrogas Campana de la PFA, fue bautizada "B. B. de Acero" porque la mayoría de los 1.708 panes de cocaína fueron encontrados dentro de ocho rollos que deberían contener acero, en un depósito de Bahía Blanca.
En total, fueron 33 los allanamientos ordenados por el Juez Federal de Campana Adrián González Charvay, quien tomó intervención en la causa porque la operatoria para mandar la droga a España utilizaba al puerto de nuestra ciudad.
Casi cuatro años después, el juicio por esta causa comenzó de manera virtual ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, donde seis de las siete personas que están acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba a escala internacional reconocieron haber participado del hecho investigado.
Fuentes judiciales detallaron que entre los imputados se encuentran los mexicanos Gilberto Acevedo Villanueva (33 años), Jesús Madrigal Vargas (33) y Max Rodríguez Córdova (48), detenidos en el Complejo Federal 1 de Ezeiza.
También llegan a juicio Darío Maximiliano Cuello (33), su hermano, Marcelo Rafael Cuello (47), Amílcar Darío Martino (61) y Emmanuel García (41, en libertad).
En el marco de la investigación también estuvo imputado Rodrigo Alexander Naged Ramírez, nacido en Colombia, pero de nacionalidad mexicana, quien fue asesinado junto a su hijo en un departamento del barrio porteño de Belgrano en 2018.
Durante la primera audiencia del debate, el fiscal federal Gabriel González Da Silva formuló los cargos y sostuvo que la acusación es por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa; y además, uno de los imputados será juzgado por lavado de activos.
En la misma audiencia, y según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la defensa de uno de los imputados interpuso un planteo de nulidad del requerimiento a elevación, a la cual se opuso tanto el fiscal como la querella. Y se supo que su resolución se difirió para cuando el tribunal integrado por los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava dicte la sentencia.
La causa comenzó a investigarse el 14 de marzo de 2017, tras un aviso del departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enfor-cement Administra-tion (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que advertía de una operación de narcotráfico en Argentina.
En esa comunicación se informaba sobre las actividades de exportación de estupefacientes camufladas en el envió de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá; y que el grupo narcocriminal era financiado desde México y operaba desde el Puerto de de Campana.
Poco después de los allanamientos en nuestro país, un cargamento de 372 kilos de cocaína oculto en una bobina de acero fue secuestrado en el puerto de Montreal, Canadá, a donde llegó desde México, enviado por la misma empresa investigada en el marco de esta causa.
El "modus operandi" de la organización consistía en armar sociedades gerenciadas por personas argentinas, de recursos bajos o medios, de instrucción media, con un giro comercial lícito para llevar a cabo, luego de un tiempo de trabajo, el envío al exterior de grandes cantidades de estupefacientes.
También se pudo determinar que la organización se ocupaba de colocar en el mercado financiero, específicamente a través de la moneda virtual "bitcoins", dinero por montos que superaban los 300 mil pesos argentinos y que eran usados en el marco de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.
LOS PANES DE COCAÍNA ERAN OCULTADOS EN BOBINAS DE ACERO.
