Esta pandemia de final incierto ha evidenciado con gran claridad los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad y lo perjudicial que significa dejar en manos de "los mercados" su solución.
A los inconvenientes que hemos experimentado tratando de conseguir las necesarias vacunas debemos agregar los altísimos costos de los medicamentos y de los demás insumos sanitarios y no sólo los referidos a algún tratamiento de los infectados con el covid-19.
Evidentemente no se puede dejar que los precios de bienes esenciales para la vida sean determinados por la ley de la oferta y la demanda máxime cuando la oferta está concentrada en pocas manos y su única finalidad es obtener la mayor ganancia posible aún en plena pandemia cuando la demanda aumenta sideralmente.
También podemos ver con gran claridad las innumerables desigualdades que desde hace mucho tiempo existen en nuestra sociedad y que por supuesto incluye al sistema de salud.
En estos momentos en que está en disputa como será nuestro país en la pospandemia es propicia la ocasión para discutir en profundidad las necesarias modificaciones en el sistema de salud a fin de dotarlo de una mayor equidad.
Sin lugar a duda se trata de un tema de suma importancia que involucra a la población toda y por lo tanto también ese debate pendiente debe contar con la mayor participación posible sin ningún tipo de exclusiones.
Sin pretender agotar el tema podemos señalar algunos de los tantos problemas que una reforma debería resolver como por ejemplo las prepagas y las obras sociales.
Las empresas de medicina prepaga están orientadas a los sectores de la población con ingresos superiores a la media y como toda empresa comercial su objetivo es obtener la mayor ganancia posible vendiendo servicios de salud incluso han conseguido la transferencia de afiliados con buenos sueldos de las obras sociales sindicales que les correspondían.
En relativo poco tiempo estas prepagas han logrado una enorme acumulación de ganancias y no están dispuestos a disminuir sus utilidades. Lo cierto es que son el más claro ejemplo de desigualdad dado que la prestación está directamente ligada al monto de la mensualidad pagada.
Estas empresas están reclamando mayores incrementos en sus precios que los permitidos por el gobierno olvidando que les ha otorgado un importante subsidio al no tener que pagar las vacunas de sus clientes llamados afiliados que fueron pagados con dineros públicos. Como es habitual no se los escucha protestar cuando los subsidios del estado van a parar a sus bolsillos.
Son tan previsibles que hablan de un intento de hacerlas inviables para luego estatizarlas cuando todos sabemos que a este gobierno se lo puede acusar de muchas cosas menos de ser estatizante sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que se destina a salvar empresas en dificultades.
Las obras sociales sindicales son evidentemente solidarias dado que sus afiliados aportan de acuerdo a sus salarios y reciben iguales prestaciones. Sin embargo esa igualdad en las prestaciones no alcanza a los demás trabajadores afiliados a otras obras sociales que serán mejores o peores de acuerdo al poderío económico de cada sindicato.
Recordemos que durante el gobierno de Raúl Alfonsín y por iniciativa de su ministro de Salud y Bienestar Social Aldo Neri se intentó implementar una imperfecta solución a este problema al proponer un Seguro Nacional de Salud que no fue aprobado por el Congreso por ser su administración y control totalmente autónomos de los sindicatos.
En ese mismo período se creó el Fondo de Asistencia en Medicamentos (FAM) para tratar de regular el mercado de medicamentos y para que las personas más desprotegidas tuvieran acceso a los remedios y el Instituto Malbrán fabricaba algunos fármacos, especialmente sueros y vacunas.
Estas son sólo algunas de las tantas cuestiones a debatir entre todos.
