La inflación cerraría el año entre un 65% y 68% según indicaron las consultoras Ecolatina y LCG el pasado jueves tras conocerse el dato oficial de la suba de precios en abril: un 6% mensual esperable y 58% interanual, que se ubica en el mayor nivel en 30 años. La correción del promedio de las proyecciones privadas había sido de 6pts el mes pasado, ahora la pregunta es si la desaceleración se ubicará en torno al 3,5% o 4% en los próximos meses.
En abril nuevamente marcaron récord las subas en prendas de vestir (10% mensual) y restaurantes y hoteles (7,3%), y la desatención del ministro de Desarrollo Productivo enfurece a una parte de la coalición gobernante. En tercer lugar sobresalió el aumento de las prepagas en salud (6,4%) y los alimentos y bebidas frescos que no quitan el pie del acelerador, por item estos fueron los que más subieron: filet de merluza, harina de trigo (17%); aceite de girasol, hamburguesas (13%); pollo, azúcar (12%); vino, pan francés (11%); yerba y galletitas (10%).
Previendo acusaciones la noche del jueves los molineros agrupados en la FAIM (que nuclea el 96% de oferta interna y el 100% de las exportaciones de harina de trigo del país) rechazaron en un documento público el fideicomiso triguero a partir del cual recibirían un subsidio estatal (fondeado en USD 350 millones tras el incremento de 2 ptos a las retenciones de derivados de soja) para vender la harina de trigo al precio indicado por la Secretaria de Comercio. Las cerealeras argumentaron que el Estado incumple con los plazos de pago y les genera pérdidas, otras voces sostienen que las empresas se niegan a entregar la información referida a la cadena de valor que les demanda la Secretaria.
Una visión interesante sostiene el periodista de Página 12, Raúla Dellatorre, de que la inflación no se trata solo de un fenómeno de puja distributiva sino de puja de poder en Argentina: una pelea entre las grandes corporaciones agrarias y alimenticias y el Estado, a las luces debilitado. Varios funcionarios y miembros del Frente de Todos apuntan en la misma dirección, también referentes sindicales (que habían participado tiempo atrás de la reunión tripartita para alcanzar acuerdos en materia de precios).
La política anti-inflacionaria macro brilla por su ausencia, el gobierno se limita (y en este sentido no está errado) a cuidar los ingresos de parte de la población: el aumento del salario mínimo adelantado a junio (quedará arriba de $ 47.000), también Guzmán confirmó el incremento del mínimo no imponible de Ganancias (desean llevarlo a $ 265.000) y el pago de un bono (de $18.000 en dos pagos y los jubilados recibirán $ 12.000 en una vez) para trabajadores informales, monotributistas A y B y adultos mayores (13,6 millones de personas). Esa última medida, anunciada en abril tras conocerse el dato de la inflación, representaría al Estado un costo de 0,3% del PIB. En la semana también ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para garantizar un salario básico universal a trabajadores de la economía popular y otros sectores vulnerables por un monto equivalente a la canasta básica alimentaria hoy en $12.900 (alcanzaría a 9 millones de argentinos con un costo estimado similar al IFE4).
En el primer trimestre del año los salarios del sector informal perdieron 5 puntos contra la inflación mientras en conjunto los del sector registrado empataron a la suba de precios, cuidados mayormente por el empleo público. La jubilación mínima está 5 puntos arriba de la inflación desde 2019, según estimaciones privadas. La situación es heterogénea, una trayectoria favorable del empleo formal (industrial y de servicios) puede servir para ubicar salarios arriba de la inflación aunque restan discutir cuestiones distributivas, pero el segmento de los trabajadores en negro requiere de una intervención firme e inteligente de parte del Estado.
