Así lo afirma un comunicado difundido por el Servicio Penitenciario Bonaerense. También señala que en 2021 se liberaron menos personas que en 2015.
El Servicio Penitenciario Bonaerense difundió un comunicado sobre los resultados obtenidos al poner en marcha el protocolo que regula la utilización de celulares por parte de personas detenidas en unidades penales de la Provincia de Buenos Aires.
La medida fue implementada en marzo de 2020 durante la pandemia, por una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia, organismo ordenó habilitar los celulares luego de que se restringieran las visitas para evitar los contagios en las cárceles.
Según se explica, este protocolo logró "disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles", y "posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente"..
"Por otra parte, con relación a manifestaciones públicas realizadas por los diputados Alex Campbell y Matías Ranzini vinculadas a que el Gobierno provincial no recurrió decisiones judiciales liberatorias de personas detenidas, corresponden realizar las siguientes aclaraciones. En primer lugar, y en honor al sistema republicano, son funciones ajenas al Poder Ejecutivo la de detener o liberar personas. Tampoco está dentro de las funciones de las distintas carteras de gobierno la de recurrir resoluciones en procesos judiciales. Esta última función es propia y exclusiva del Ministerio Público, así como de los organismos de la Constitución, personas o asociaciones que pueden asumir un rol procesal. A modo ilustrativo, en torno a la preocupación por la liberación de personas detenidas y de acuerdo con las estadísticas que produce la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vale traer a colación que en el año 2015 fueron 34.443 las personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías bonaerenses. Ese número fue creciendo en los años siguientes hasta llegar a 42.061 personas en 2019. Esa tendencia se revirtió a partir de 2020. En ese año ese universo de personas alcanzó las 36.257 y, al 10 de agosto de 2021, se registraron en esa misma categoría 33.715", concluye el comunicado.
Durante junio de 2020, el Tribunal de Casación ordenó habilitar los celulares luego de que se restringieran las visitas para evitar contagios.
