En las últimas semanas dejamos atrás las lecturas críticas sobre la conflictiva relación entre los principales mandatarios de nuestro país para hacer foco en una crisis político-financiera inusitada. La economía argentina no cambió drásticamente entre los meses de mayo y junio, sin embargo la tensión financiera se agravó. Los grandes jugadores del mercado vieron en verdad una debilidad política (el cambio de ministrx de Economía) y aprovechar para pujar más fuertemente por sus intereses (una devaluación).
La ministra Batakis, asertiva, centró su primera conferencia de prensa del 11 de julio en medidas "fiscalistas" que buscaron acentuar la idea de que no se gastará más de lo que se recaude. Sabemos que el gobierno cumplió con la primera revisión de metas del FMI y renegoció las segundas, pero el contexto es delicado para cumplir con las metas del tercer y cuarto trimestre (es decir, las anuales). Puntualmente en materia fiscal, el gasto creció 23 puntos arriba de la inflación en los primeros cinco meses del año mientras la recaudación lo hizo 15 puntos por arriba, para luego retrocer -4 puntos en el mes de junio.
En este contexto, algunas voces atacaron la decisión presidencial, formalizada en la Resolución de Anses del pasado miércoles 20 de julio, de prorrogar el actual esquema para acceder a una moratoria previsional que vencía hoy sábado 23 de julio. Las moratorias son el mecanismo que, desde al año 2005 a esta parte, le ha permitido a millones de personas mayores acceder a una jubilación aún sin cumplir con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese universo de personas la gran mayoría son mujeres. Más de tres millones de personas pudieron adherirse al régimen actual gracias a esta última moratoria que había sido lanzada en 2014.
Actualmente el porcentaje de jubilados por moratoria supera ampliamente al del resto. Así lo muestra, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que utiliza datos oficiales de Anses para estimar que a marzo 2022, de los 5,2 millones de haberes pagados, solo 1,8 millones (35%) fueron a trabajadoras y trabajadores con más de 30 años de aportes. Con datos actualizados hasta 2021 se advierte que el 75% de quienes poseen jubilación por moratoria son mujeres. Es decir que la moratoria es una política de género.
Existen al día de hoy más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse pero que no tienen los 30 años de aportes, y la gran mayoría son mujeres. De ese total, el 45% directamente no tiene aporte alguno para jubilarse, y de ese último número, el 77% son mujeres. Eso arrojó un total de 523.000 adultas mayores a las que potencialmente beneficiará la prórroga de la moratoria. Cabe aclarar, que la misma se extenderá "hasta que el Congreso sancione una nueva ley", de acuerdo a las palabras del propio presidente.
El informe del CEPA subraya otro dato importante: que apenas 1 de cada 10 mujeres adultas mayores cuentan con más de 20 años de aporte y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse, pero apenas 7 de cada 100 cuentan con más de 25 años de aporte. En el caso de los varones las cifras son 3 de cada 10 y 16 de cada 100 hombres respectivamente. Como dijimos, la moratoria es una política de género.
La información disponible permite categorizar a quienes podrían jubilarse según el ámbito donde realizaron sus aportes. El grueso de los y las aportantes provienen del sector privado; le siguen en importancia los y las monotributistas y en tercer lugar están los y las empleadas del sector público. Esto es un gráfico claro que caracteriza al mercado de trabajo en Argentina, tal como veremos más adelante. Con menor importancia relativa, los otros tres ámbitos de aportes jubilatorios son los autónomos, las trabajadoras en casas particulares y monotributistas sociales.
Entre los privados, el 18% estaría en condiciones de poder jubilarse, mientras en el sector público ese porcentaje asciende al 36% del total de trabajadores según el informe del CEPA. Entre monotributistas el 6% podría jubilarse contando con entre 25 a 27 años de aportes, mientras que para los autónomos el ratio sube al 20%. Pero el guarismo es notorio en los sectores más vulnerables: de las empleadas domésticas apenas el 0,1% (103 trabajadoras) puede jubilarse, y tan solo el 0,06% de los y las monotributistas sociales (36 personas). Es decir, que la moratoria es también una política social de contención. Y esto demuestra lo acotado de ciertas miradas excesivamente fiscales.
Una mirada sobre la coyuntura del mercado laboral
En nuestra Argentina sumida en una permanente crisis, la coyuntura del mercado laboral es bastante benévola. El mes pasado el INDEC informó las estadísticas del primer trimestre de este año: la tasa de empleo (43%) y la de desempleo (7%) tuvieron su mejor trimestre desde 2016, cuando inició la nueva serie oficial. Esto significa que casi 20 millones de personas tienen trabajo en Argentina pero 1,5 millones están desempleadas.
Las cifras son buenas en especial si se considera que fueron meses aún golpeados por la pandemia, y también que la estacionalidad del empleo es baja en enero, febrero y marzo. En el primer trimestre del año pasado, la desocupación había sido de 10,2%: una rebaja de tres puntos porcentuales es por demás favorable. Esta es la bandera que el gobierno del Alberto Fernández puede izar en medio de la convulsa financiera, con datos fiscales y de reservas difíciles de mostrar al FMI y con un deterioro progresivo de los ingresos de la población ante la aceleración inflacionaria.
Los datos del INDEC arrojan un escenario menos favorable para el universo de las mujeres. El desempleo femenino fue mayor (8,3%) que el de los varones (5,9%), y a su vez se observa una franja vulnerable en el grupo de las y los jóvenes. La desocupación entre las mujeres de 14 a 29 años fue del 17% en el primer trimestre del año y entre los varones de esa franja etárea el porcentaje llegó al 11,4%.
Alrededor de 650 mil personas salieran del desempleo de acuerdo a estas cifras analizadas, pero la contracara de este fenómeno es que la creación de nuevos puestos de trabajo es en peor calidad de condiciones. El trabajo asalariado cedió lugar ante el empleo por cuenta propia (monotributistas especialmente) y a su vez dentro del empleo asalariado creció la informalidad (36% del total, la mayor tasa desde 2016). Sería injusto cargar las tintas de esta situación íntegramente al gobierno; la precarización del empleo así como la aceleración inflacionaria son cuestiones estructurales de nuestra economía.
La evolución de la remuneración de las y los trabajadores, si bien se verá nuevamente amenaza por los efectos de la crisis financiera que suma casi un mes y medio, en lo que va de 2022 tuvo una mejor performance que en el año 2021. Con datos de INDEC actualizados al mes de abril se observa que los salarios se movieron cabeza a cabeza con la infación; en el caso de las y los trabajadores registrados las remuneraciones superan en 3 puntos a la inflación mientras que entre los informales se ubican un punto arriba (versus 5 puntos abajo en el acumulado del año anterior). La inequidad por género también es llamativa en el caso de las remuneraciones, por ejemplo las mujeres pertenecientes a los deciles más bajos perciben su ingreso principalmente de las transferencias del Estado; más rezagadas aún que los salarios.
Por último, si comparamos la evolución del empleo registrado utilizando las bases de SIPA según modalidad se advierte, en los primeros cuatro meses de este año, un crecimiento acelerado del monotributismo (al 10% interanual promedio) y en particular de los monotributistas sociales (al 20% interanual). Por el contrario, el empleo privado y el público crecen al 3% promedio. Y se observa también un estancamiento del empleo formal en casas particulares, que en realidad solo creció durante el período 2016-2018.
Teniendo en cuenta aquella dinámica y que al menos 1 de cada 5 mujeres se emplea en dicho sector, a fines del año pasado el Ministerio de la Mujer junto con el de Trabajo lanzaron el programa Registradas con el objetivo de promover la formalización en el empleo doméstico. El Estado se comprometió a pagar una parte del sueldo de la trabajadora (con seis o más horas en el mismo hogar) durante seis meses y la parte empleadora (con ingresos brutos iguales o inferiores al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias) debía registrar a la trabajadora; pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante. Además debía abrir una cuenta bancaria a su nombre. Lucía Cirmi Obón, una de las responsables del programa, comentaba a Página 12 que el programa afectaría a unas 375 mil trabajadoras informales.
A modo de cierre, podemos identificar la fragilidad de las condiciones a las que asisten las mujeres en el mercado laboral argentino. Desde ya que esas inequidades se replican en muchos lugares del mundo. La prórroga de la moratoria jubilatoria es un paso en dirección hacia asistir a esas inequidades, darles lugar en la política pública y amortiguarlas. Las condiciones macroeconómicas muchas veces son una amenaza para tomar este tipo de decisiones pero afortunadamente en esta oportunidad primó otro esquema de valores.
