El Gobierno provincial anunció el envío a la Legislatura bonaerense de una ley de cupos a través de la cual se buscará disminuir la tasa de encarcelamiento de la provincia de Buenos Aires. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, durante una conferencia de prensa realizada en la gobernación bonaerense.
La norma, en cuya elaboración participaron técnicos de esa cartera, de la secretaría de Derechos Humanos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) crea una comisión interdisciplinaria que determinará, de acuerdo a las normas internacionales, cuál es el cupo real de cada unidad penal y cuáles son las condiciones sanitarias que la unidad presenta.
La Comisión de Control de establecimientos carcelarios, que estará integrada por representantes de la decretaría de Derechos Humanos y los ministerios de Justicia, Salud e Infraestructura, deberá determinar, en un plazo no mayor de 180 días, cuál es el cupo carcelario exacto y a partir de ahí ¨se trabajará en conjunto con el poder judicial para que los ingresos se equiparen con los egresos, y determinar realmente cuál es de acuerdo con las normas internacionales la capacidad de nuestras 39 unidades penitenciarias¨, anunció Di Rocco.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos destacó la creación de la Comisión de Control de Establecimientos Carcelarios. ¨Este es un puntapié inicial para cumplir con las recomendaciones fundamentales que da el comité contra la tortura de las Naciones unidas¨, explicó.
Al respecto, Carlotto anunció que en mayo se conocerán los representantes de la secretaría de Derechos Humanos que esta Comisión tendrá, ¨quienes trabajarán en la prevención de la tortura y de los tratos inhumanos¨, culminó.
En paralelo a la actividad de la Comisión, el ministerio de Justicia entregará cuatrimestralmente una lista de quienes estén en condiciones de tener alguna medida alternativa de prisión, con el objetivo de ir ganando espacios en el sistema carcelario.
Con esta tarea, anunció Di Rocco, prevén una disminución de la tasa de encarcelamiento (diferencia entre ingresos y egresos de los internos), que en el 2004 fue de 3300 internos y para este año espera que sea de 1500 ciudadanos.
Por otra parte, el ministro se mostró de acuerdo con el informe presentado por la secretaría de Derechos Humanos, donde se destacó el mal estado de las Unidades penitenciarias. ¨Este informe no es una denuncia acerca de la actividad del Servicio Penitenciario, sino que es una investigación en conjunto entre los que estuvo el propio ministerio de Justicia¨.
En ese marco, el ministro anunció una medida que apunta a atender las denuncias de organismos de derechos humanos sobre la mala atención sanitaria en las prisiones bonaerenses, a partir del caso del interno muerto en Bahía Blanca.
Di Rocco anunció que el equipo de profesionales médicos que desarrollan su actividad dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) será, ahora, puesto bajo la órbita de su cartera.
¨Los profesionales médicos del Servicio Penitenciario dependen hoy del personal superior jerárquico perteneciente al escalafón del SPB, lo que produce una falta de autonomía que genera una distorsión importante en el modo de actuar y de pensar médico con consiguientes efectos negativos sobre algunos aspectos del tratamiento de la población¨, subrayó el ministro.
Por eso, anunció, su ministerio elaboró un proyecto de Ley ¨para que el Servicio de Sanidad Penitenciario dependa de aquí en más de la Subsecretaría de Política penitenciaria y Readaptación Social del ministerio de Justicia¨.
En tanto, Di Rocco coincidió con uno de los aspectos que plantea ese informe, que es el de la lentitud de los procesos judiciales, recordando que actualmente ¨sólo el 30 por ciento de los ciudadanos privados de su libertad tienen sentencia¨, y admitiendo que ¨la justicia debe ser justa y rápida¨.
Al respecto, el ministro descartó una flexibilización del régimen de excarcelaciones, señalando que con el actual régimen ¨es posible buscar mayor celeridad en los procesos judiciales¨.
Finalmente, el titular de la cartera de Justicia criticó la tarea que los fiscales realizan con la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), considerando a éstas como ¨el viejo expediente que teníamos antes de este código, con intervenciones masivas de la policía¨.
