Buenos Aires (especial para Noticias Argentinas, por Daniel Casal)- Desde que asumió, el presidente Néstor Kirchner trazó como eje de su poder una alianza imaginaria con buena parte de la sociedad, en donde guarda una buena imagen, según señalan las encuestas.
Esto lo diferencia de lo que hacía Carlos Menem, quien cerraba acuerdos por arriba y utilizaba su imagen para ganar consensos en la base de la pirámide social.
Ahora, el persistente aumento de precios puede provocar desplazamientos, no imaginados hasta hace poco, en la propia base de sustentación del poder diseñado por el primer mandatario.
El aumento del costo de vida, sobre todo en los productos más sensibles de la canasta familiar, deteriora el poder adquisitivo y provoca un creciente malestar entre la gente.
Esto acarrea cada más preocupación en el Gobierno, más si se tiene en cuenta que en poco meses afrontará el primer test electoral de la gestión, tal como lo definió el propio jefe de Estado.
Más ahora que el Presidente decidió poner en la mesa su carta más fuerte con la participación de Cristina Kirchner en la alambicada elección de la provincia de Buenos Aires.
La conclusión es obvia: si no se logra frenar la aceleración de precios el malestar puede terminar con un impacto en las urnas, en las legislativas del 23 de octubre.
Ante este escenario político que puede tender a enturbiarse, Kirchner aceptó las propuestas más cercanas a la ortodoxia económica que le propuso el ministro Roberto Lavagna.
Primero, desactivó cualquier idea de aumentos salariales por decreto, al que fue tan propenso hasta fin de año pasado.
Luego, Lavagna en persona pidió a la UIA y la CGT que, por el momento, se interrumpan las negociaciones por incrementos atados a la productividad.
Estas tratativas habían sido motorizadas por el ministro Julio de Vido, uno de los hombres de más estrecha relación con el jefe de Estado.
A criterio del titular del palacio de Hacienda, el sólo hecho de que se reunieran generaban ¨expectativa inflacionarias¨, un concepto que demostró con claridad la alta sensibilidad con que se mueve el mercado.
En lo más alto nivel de decisiones también se acepta el criterio de que si, realmente, existe un enemigo del gobierno éste puede ocultarse detrás del tema precios.
La historia de aquí y otros países lo han demostrado en repetidas oportunidades con las hiperinflaciones y su sucedáneo, el desabastecimiento.
Algunos funcionarios abonan cierta teoría conspirativa debido a que la cuestión saltó con fuerza justo después de cerrado el canje de deuda.
Lavagna sabe perfectamente que la inflación y el cambio en las condiciones del mercado internacional obligan a la elaboración de nuevas estrategias y hasta la posibilidad de iniciar una nueva etapa.
En ese marco, primero se desalentaron los reclamos salariales con el fin de no agregar nuevas presiones sobre las estructuras de costos que luego pueden trasladarse a los precios.
En segundo término, se decidió que el Banco Central atenuara la compra de dólares con el fin de dejar en la plaza una má atenuada cantidad de pesos.
También se sacará plata del sector que más consume a través de una más agresiva campaña de la AFIP para cobrar los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
Por otra parte, se avanzará en nuevos acuerdos de precios y en la fiscalización del cumplimiento de los ya acordados, aunque para las autoridades comenzará a dar resultados a partir de este mes.
Claro está que estas medidas se tomarán en el marco de un delicado equilibrio para evitar que el dólar se mantenga en el nivel considerado competitivo, en torno a los 3 pesos.
Una caída abrupta del tipo de cambio pegará de lleno en uno de los pilares de la recaudación: el reintegro a las exportaciones.
Lo de la nueva etapa puede leerse como que el país necesita imperiosamente de inversiones como para ingresar en una esta de crecimiento sostenido.
Para ello, se imponen reglas claras y un horizonte de largo plazo, algo que para muchos inversores falta de diseñar, tras la dificultosa salida del default.
Es en este marco que se inició una ronda de contactos reservados con las empresas de servicios públicos para evaluar los nuevos contratos y las futuras alzas tarifarias, las cuales se producirán cuando se haya domesticado la inflación y pasado el examen electoral de octubre.
