Al Director de La Auténtica Defensa
Señor Eduardo Pascuale
PRESENTE
Agradeceremos a Ud. la publicación de la presente en "Correo de Lectores".
En las últimas etapas de la conflictiva docente en la provincia de Buenos Aires, estando la gestión de la DGCyE en manos de Farías de Castro, Gianetassio, Bordón u Oporto, un tema resultó y resulta recurrente: el control médico de licencias docentes.
A la fecha, suponer que la eficiencia y la eficacia que puedan prescribir las normas es un logro para resaltar, por el hecho de exigir tramitaciones de distinto tenor por parte de los trabajadores de la educación resulta, ante todo, un error.
Las exigencias e imposiciones que suponemos han sido "consensuadas", revisten aristas particulares para las diferentes situaciones que se plantean para tramitar carpetas médicas y obtener los certificados correspondientes.
En tal sentido, exigir que realizar una consulta médica en , por ejemplo, Buenos Aires, implique tener que enviar un fax desde un locutorio-con costo del mismo a cargo del docente-, para que tome conocimiento Reconocimientos Médicos local, incluidos los trámites que se hagan por enfermedad temporal o crónica de algún familiar, sin derecho a reclamo alguno, es una muestra del nivel de autoritarismo –e impunidad- con que se "consensuan" tales temas.
Asi como no poder realizarse el trámite correspondiente, carpeta médica en mano, solicitada en tiempo y forma, porque en Reconocimientos Médicos aducen que Consejo Escolar cometió tal o cuál error y viceversa.La cuestión es que en ambos casos, el perjudicado es, una vez más, el docente.
Los casos de invalidación de certificados médicos de particulares reduciendo la cantidad de días recomendados por los facultativos no son pocos, por lo cual cabría preguntarse si tales decisiones se toman con cabal conocimiento de los antecedentes de salud de cada paciente, máxime cuando los certificados son extendidos por especialistas.
Consideramos que si hubo intervención de los gremios ante estas cuestiones que traen perjuicios a los docentes, no han sido relevantes. Por el contrario, los obstáculos cada vez son mayores y se siguen haciendo "oídos sordos" a la progresiva pérdida de los derechos de los trabajadores de la educación.
¿Hasta cuándo?, ¿cuánto más? Sacar bonos en el Círculo Médico con una validez de 60 días, pagar un anestesista -de ser necesario-, presentar historia clínica y todo tipo de certificación burocrática para obtener un medicamento si su valor supera los treinta y pico, traslados en ambulancias de las que nadie quiere hacerse cargo aún cuando la vida de un ser humano corre severos riesgos, ¡VERGONZOSO!.
De no morir en el intento, quizá se acceda al tratamiento indicado y si la suerte está de su lado, salve usted su vida.
Por todo lo expuesto discrepamos profundamente con quienes preconizan que "si es la norma , hay que cumplirla", en la medida que si una norma causa perjuicios y no beneficios, debe ser cambiada por otra que contemple los derechos que se vulneran.
Asimismo nos preguntamos si se pondrá el mismo ahinco para justificar ausencias de diputados o senadores en la legislatura provincial, o de funcionarios provinciales o municipales o autoridades educativas distritales, como asi también de amigos o conocidos.
También destacamos que muchos de nuestros compañeros abrigan temores respecto a manifestar su disconformidad con los procedimientos que norman la tramitación médica de licencias, ya que suponen que no tienen posibilidad de reclamar sin verse perjudicados a posteriori de reivindicar sus derechos. Interpretamos que convalidar y defender nuestros derechos implica tratar de cambiar aquello en lo que no se está de acuerdo en su aplicación, aunque autoridades educativas o gremiales consideren que el apego a la norma es la única norma, siendo que, en realidad, hasta una ley es factible de ser cambiada si su aplicación vulnera derechos.
Por lo tanto, nuestro reclamo, además de ser dado a conocer, será elevado a autoridades educativas y entidades gremiales para que se arbitren medidas al respecto.
Ana Ortega DNI11275157; Micaela Messa DNI23500546; Viviana Kurtz DNI14850747; M. Marcela Liceaga DNI12611668; Claudia Moreno DNI23064401; Liliana Filippi DNI16487760; Patricia Reyes DNI13994720; Carlos Pérez DNI10963130; Marcia Olivieri DNI 16419999; Patricia Benítez DNI 22842163; Ana Lía Franco DNI 10721619; Zorzábal Elba DNI 13194919; Viviana Coletta DNI 11725451; Carina Pérez DNI 24938408; María Cannas DNI 14850411; Zulema Villalba DNI 5175920; Edith Cáceres DNI 17984272; Valeria Lemos DNI 25355347; Edith Roda DNI 17592570; Mariel Sarasola DNI 20612359; Viviana Ríos DNI 18150608; Sandra Molina DNI 20979011; Vanesa Villanova DNI 24099566; Nancy Ponce DNI 16946594; Rita Fernández DNI 18791222; Elisabet Banchieri DNI 16556528; Adrián Ponti DNI 13994506; Patricia Méndez DNI 17738027; María T. Chesini; Noemí Fajardo DNI 20543926; Ismael Rodríguez DNI 6056005; Fluxá Catalina LC 5257382; Cristina Negri DNI 11515149; María I. Mansilla DNI 11725570; Miguel Di Fino DNI 11236415; Nélida Baldini DNI 12348571; Alejandra Fornero DNI 17492031; Patricia Kapobel DNI 16948821; Daniela Viera DNI 21711598; Norma Muñiz DNI 14785070…(y siguen las firmas)
