Buenos Aires (Especial para NA por Pepe Eliaschev) Impresiona la desproporción. Asombra la disparidad entre arsenal y enemigo. Hasta la terminación de la guerra fría, con la derrota y desaparición del comunismo como superpotencia universal, el mundo se estremecía con la difusión periódica del número de cabezas nucleares en manos de norteamericanos y soviéticos. Hace 15 años, e incluso ahora mismo, en el mundo había poder atómico para destruir a la humanidad no una, sino muchas, incontables veces.
Negro sobre blanco: los defensores del capitalismo y del comunismo tenían poder destructivo para aniquilar al planeta muchas veces más de lo necesario, porque, con una vez alcanza, ¿no?
Algo así está regalándole el peronismo a la Argentina hoy. De nuevo, los justicialismos han ocupado la escena con sus complejos y densos rituales de guerra.
En esencia la doctrina es la misma de siempre: el ¨movimiento¨ es el país y sus diferentes encarnaciones procuran la suma del poder.
¿Qué tiene de importante que la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires sea Cristina Kirchner y no Chiche Duhalde? ¿Cuánto cambia el Senado con la mujer del Presidente transmutada de santacruceña a bonaerense? Nada, desde luego, salvo que se trata de una enésima demostración de que el principio democrático de representación territorial vuelve a convertirse en trapo de piso.
El Presidente quiere ser elegido presidente de la Argentina en las elecciones del 23 de octubre. Entonces estará cumpliendo 30 meses al frente del país, pero las marcas de las extravagantes elecciones de abril de 2003 no han desaparecido y percibe que su legitimidad no ha sido debidamente validada. Tiene argumentos de peso, es absurdo negarlo.
La pesada respiración de la gente de Eduardo Duhalde impide olvidar en la Casa de Gobierno que el segundo lugar de Néstor Kirchner en abril de 2003 fue posible por la inyección del peronismo bonaerense, que sacó al santacruceño de la intención de voto de un solo dígito que exhibía en el verano de 2003. Suma del poder, entonces, y ya mismo, si fuera posible: ése es el programa estratégico del oficialismo, sistema de poder que tiene razones para querer dotarse de propios recursos, pero que, al hacerlo, inexorablemente se precipita en feroz batalla por posesiones terrenales para la que no hay cuartel ni tregua.
Hasta tal punto la voracidad del poder del justicialismo es inmodificable, que Duhalde y Rafael Bielsa, desde la Roma enlutada por las honras fúnebres del Papa, tuvieron que meterse a dar declaraciones que aluden de una u otra manera a la apasionante y trascendente cuestión de las listas electorales del peronismo para dentro de más de seis meses.
Hay odios incomprensibles, que estremecen por su implacabilidad.
Duhalde, por ejemplo, ¿acaso saboteó a Kirchner en estos dos años? Nadie puede afirmarlo sin mentir. De hecho, entre los ministros más exitosos del gabinete de Kirchner sobresalen herencias primordiales del hombre de Lomas de Zamora, como Lavagna y González García.
¿Qué arrastra, entonces, al Presidente, al maremoto anti-duhaldista que ha terminando empapando de interna peronista al escenario político nacional?
Intentar ver luz en el batifondo provincial desde la óptica de las ideas es peregrina e insoportable ingenuidad. Integrante apreciado y fiel del gabinete de Carlos Menem durante casi una década, Felipe Solá, por ejemplo, alude ahora con frescura a ¨corporaciones¨ políticas ¨viejas¨ y etiqueta de ¨mafia¨ a quienes no acompañan su reencarnación como kirchnerista de paladar negro.
Como suele suceder en la Argentina, el discurso antipolítico de Solá cae bien en una sociedad civil con los nervios crispados. Pero, ¿ideas? Nada de eso.
En la Argentina en general, y en la zona metropolitana en particular, solo hay una desnuda y fría contienda por el poder.
Ya sucedió en 1994: en verdad, los institutos arrancados a Carlos Menem en la reforma constitucional (tercer senador nacional por distrito, gobierno autónomo de la Capital Federal, jefe de Gabinete) fueron prolijamente licuados una vez que la magia del poder perpetuado se volvió a consumar con la reelección de 1995.
Las elecciones de octubre de 2005 podrían depositar en el Senado de la Nación a tres peronistas en las tres bancas bonaerenses, con las minorías excluidas, ya que los justicialistas entienden que sus complicaciones societarias deben ser resueltas ¨afuera¨, expeditiva resolución de conflictos que hace 50 años se administran desde un denominador que todo lo puede y permite: hasta 1974 la jefatura de Perón y desde entonces la anchura insondable de un movimiento donde todo cabe y nada sobra nunca.
Pero en la gramática a menudo indescifrable del Gobierno, nuevos episodios asociados con las Fuerzas Armadas revivieron causas conflictivas que revelan imprevisión y torpeza en el manejo que de ellas hizo el Gobierno.
La sanción de 20 días de arresto para el mayor Rafael Mercado aplicada por el Ejército y revocada sin explicaciones por el Presidente, es un caso perfecto de zigzagueo y contradicciones donde, en jerga castrense, el ¨fuego amigo¨ causa estragos.
El mayor Mercado había sido arrestado por las cartas escritas por su esposa, María Cecilia Pando, criticando duramente al presidente Kirchner por el ya superado entuerto con el obispo castrense Antonio Baseotto.
Destacado en la Compañía de Inteligencia 3 (CaIcia-3) que comanda el Tte. Cnel. Ing. Luis E. Ballestrini, con sede en Paso de los Libres (Corrientes), Mercado había sido sancionado por su superior, el jefe del II Cuerpo de Ejército, General de Brigada Gustavo E. Calvi Meydac. La CaIcia-3 es un destacamento instalado junto a la frontera con Brasil que no debe tener más de 50 efectivos, de los cuales unos 30 son civiles adscriptos a inteligencia militar.
La sanción de 20 días por una carta que escribió otra persona fue una enormidad, al margen de que la señora de Mercado sea una ultramontana.
Pero el jefe del II Cuerpo no puede haber descerrajado tamaño castigo sin la venia de Azopardo 250.
Cuando en la Casa Rosada advirtieron el absurdo de la medida, Kirchner la desactivó de inmediato, dejando al jefe del arma, el Tte. Gral. Roberto F. Bendini, en desairada situación. Bendini declaró que le parecía perfecta la medida del Presidente y santas pascuas.
Pero cuando el culebrón Bendini vs. Mercado parecía agotado, apareció la prehistoria y de sus fauces emergió un vómito de terror.
El abogado defensor del último jefe del Ejército antes del gobierno de Raúl Alfonsín, Teniente General Cristino Nicolaides, dijo en Córdoba que ¨la lucha contra la subversión en la década del 70 se hizo sobre la base de la ´legalidad de la época´ impuesta por manuales de operaciones aprobados en secreto por el Congreso de la Nación en 1966 y que tuvieron vigencia hasta 1997¨.
Alejandro Zeverín, defensor de Nicolaides, irrumpió para explicar que esas instrucciones contemplaban ¨torturas de tercer grado, compulsión física, amenaza, chantaje, seguimiento físico, secuestros, raptos, terrorismo, desmanes, sabotaje y ejecuciones¨, frases dichas en el marco de la causa que se le sigue por la desaparición de personas, cuando Nicolaides era jefe de la VII¦ Brigada de Infantería, en Corrientes.
El nudo de la regurgitación procesista se halla en estas palabras del abogado de Nicolaides: esos cerca de 30 manuales ¨nunca se hicieron públicos, porque fueron destruidos¨, por orden del entonces jefe del Ejército y actual embajador de Kirchner en Colombia, Martín Balza, que los habría quemado e incinerado - acusó- ¨sin avisar a nadie¨ y que estuvieron vigentes hasta 1997, cuando el propio Balza los derogó.
¨Esto es tremendo, es terrible lo que dicen estos manuales de operaciones¨, se lamentó Zeverín, ¨pero era la legalidad de la época. Se cumplió con la ley por encima de las condenas morales o condenas históricas que podría tener la Nación Argentina por haber tenido leyes de esa naturaleza¨. Dijo que los militares no se podían oponer a las aberrantes prácticas previstas en los manuales porque ¨si se hubieran opuesto hubieran violado la ley, hubieran cometido delito¨.
Balza, por cierto, es el militar argentino que en 1995 se presentó ante el país y fulminó la obediencia debida y el terror aplicado por las Fuerzas Armadas contra la guerrilla, la subversión y el terrorismo. Proclamó que nunca jamás los uniformados podrían volver a acatar órdenes de consumar prácticas aberrantes.
Sin embargo, en septiembre de 2003 tres generales retirados, protagonistas principales de la dictadura militar, reivindicaron la represión ilegal. El gobierno de Kirchner amenazó con darlos de baja, pero nunca lo hizo.
El ex presidente Reynaldo B. Bignone y los ex ministros Ramón G. Díaz Bessone y Albano Harguindeguy justificaron las prácticas del terrorismo de Estado en declaraciones a un documental de la TV francesa emitido en París y otra docena de países.
La justicia militar prevé castigos para los retirados, que pueden llegar al arresto, la baja o la destitución. Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy fueron de inmediato denunciados penalmente por el abogado Ricardo Monner Sans por apología del crimen a raíz de estas declaraciones.
Los ex represores admitieron que la dictadura secuestró, torturó y asesinó a unas 7.000 personas. Incluso, Bignone admitió que la Iglesia sabía y justificaba esos métodos. Los tres siguen hoy en sus domicilios y revisten estado militar.
Luego de los golpes de pecho del oficialismo en 2003, estos casos quedaron intangibles, mientras que un oficial de 38 años es arrestado y enseguida des-arrestado porque su mujer escribe cartas ultraderechistas.
Entretanto, Bendini mantiene un Centro de Estudios Estratégicos del Ejército con un elenco de 66 asesores honorarios, incluyendo 34 militares. Vale la pena estudiar el plantel.
Entre los civiles, el sitio internet del Arma identifica, entre otros, a Félix Borgonovo, Juan Ferreyra Pinho, Rosendo Fraga, Horacio Jaunarena, Carlos Keller Sarmiento, Vicente Massot y Luis Pico Estrada.
Sin embargo, Bendini mantiene excluido (¨por no reunir las condiciones¨ le informó personalmente) al ahora embajador Balza del Consejo Asesor del Estado Mayor del Ejército, en el que si revisten ex jefes como los generales Bonet, Gassino, Caridi, Pianta, Ríos Ereñú, Zabala y Fernández Torres. Balza dirigió el Ejército casi diez años, pero el hombre de Kirchner al frente del Arma no lo registra.
Un curioso país, la Argentina.
