Luego de una semana agitada en cuanto a denuncias por el estado de las cárceles bonaerenses, el gobierno provincial saldrá a partir del lunes a inspeccionar penales para constatar las condiciones de alojamiento de los presos.
Según informó la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, los miembros del comité de Contralor de la Gestión policial y penitenciaria de la Provincia visitarán el penal de Sierra Chica y la comisaría Primera de Olavarría.
El organismo está presidido por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Remo Carlotto, y lo integran diversos funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia, entre los que se cuentan el subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo. Además, cuenta con el asesoramiento de un Consejo Consultivo honorario integrado por personalidades de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos en toda la provincia de Buenos Aires.
La Unidad 2 de Sierra Chica cuenta con aproximadamente 1.500 personas privadas de su libertad y es una de las más antiguas unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y pasó a la historia por el sangriento motín que se desarrolló allí en 1996, comandado por la banda conocida como ¨Los doce apóstoles¨. Durante aquella revuelta, varios internos fueron asesinados y luego incinerados, tras lo cual muchos reos jugaron al fútbol con la cabeza de las víctimas.
El reinicio de las actividades del Comité se produce luego de una semana en la que las condiciones de alojamiento de los presos en las cárceles y comisarías bonaerenses ocupó gran parte de la agenda pública.
A principios de semana, la Comisión por la Memoria presentó un duro informe sobre el tema. Su titular, el fiscal Hugo Cañón, llegó a calificar a los penales provinciales como verdaderos ¨campos de concentración¨.
Ayer, en tanto, el gobierno provincial debió sortear una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la que participaron los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que habían presentado un hábeas corpus colectivo por la situación de los presos en la Provincia.
