Buenos Aires, (NA)- El presidente Néstor Kirchner aseguró que el Gobierno «jamás creyó que se podía invadir el derecho a la intimidad» cuando dispuso la reglamentación de la ley que obliga a las empresas de Internet a guardar datos sobre sus clientes durante 10 años. «Fue una ley que vino del Congreso y se reglamentó.
Y jamás se creyó que se podía de alguna manera invadir el derecho a la intimidad o los derechos individuales», remarcó Kirchner, quien por ese motivo dio la orden de frenar la reglamentación de la Ley de Telecomunicaciones, que él mismo había firmado.
En declaraciones a radio 10 desde Alemania, donde se encuentra de gira oficial, Kirchner dijo que «el derecho a la intimidad de la gente debe ser absolutamente inviolable», por lo que sostuvo que ante «la mínima duda» de que eso no ocurriera, decidió anular ese decreto.
La decisión presidencial había sido anunciada en la víspera por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien indicó que Kirchner firmará a su regreso de Alemania un decreto que derogará la reglamentación del artículo de la Ley de Telecomunicaciones que iba a obligar desde el próximo 31 de julio a los proveedores de Internet a almacenar por 10 años los datos de sus clientes.
La decisión oficial había generado polémica porque la Justicia -y también organismos estatales como la SIDE- quedaban en condiciones de requerir a las empresas de Internet información sobre sus clientes y éstas se hubieran visto obligadas a otorgarla.
Desde el Gobierno se justificó esta iniciativa en la necesidad de combatir a la delincuencia y el terrorismo, e incluso se recordó -por lo bajo- que los autores del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York cambiaron e-mails antes de concretar el atentado.
En la Cámara de Diputados, en tanto, la reacción fue distinta, porque un grupo de legisladores -como el socialista Jorge Rivas-presentó un proyecto para derogar la modificación a la Ley de Modificaciones que permitía invadir la privacidad de los usuarios de Internet y también de la telefonía.
Pero tras la polémica generada en torno a esta iniciativa oficial -que se votó en el Congreso «sobre tablas», sin discusión en el recinto-, el presidente Kirchner decidió dar marcha atrás después de haberla reglamentado en noviembre del año pasado, antes de que entrata en vigencia el próximo 31 de julio.
