Legisladores bonaerenses del duhaldismo, el radicalismo, el ARI y otros sectores opositores votaron ayer a favor de la conformación de una comisión especial encargada de investigar si existió irregularidad en la compra directa que el gobierno de Felipe Solá realizó a la empresa del ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara.
El dictamen, surgido de la comisión de Asuntos Constitucionales, es el paso previo a la concreción de un juicio político contra el mandatario bonaerense, aunque deberá, primero, ser aprobado en la próxima sesión de la Cámara baja.
El caso, que comprende también una denuncia penal contra ambos funcionarios, refiere a la compra directa que el gobierno provincial, realizó este año a la empresa Rivara S.A, de la que el Ministro posee el 22 por ciento del paquete accionario, por un monto que excede los 4 millones de pesos. El trámite fue realizado de forma directa, sin mediar licitación.
Con la avanzada de ayer, la oposición logró imponer su voluntad en la Comisión de Asuntos Consitucionales, presidida por el felipista Carlos Bonicatto, quien se retiró del encuentro antes de que se emitiera el voto, denunciando la ¨irresponsabilidad¨ de sus pares al tratar un tema que no se encontraba incluido en el orden del día.
Pero desde el ARI respondieron que ese argumento utilizado por Bonicatto es ¨falaz¨. ¨Desde comienzos de semana todos los bloques solicitamos que el pedido se incluya en el temario a tratar. Y además, la propia Cámara ya había resuelto que el tema lo tratamos con pronto despacho, es decir de forma acelerada¨ indicó a esta agencia el legislador del ARI Sebastián Cinquerrui, el autor del proyecto de resolución que pedía el juicio político contra Solá y Rivara.
Desde el duhaldismo, a quienes muchos acusan de aprovechar el clima de confrontación partidario para presionar a Solá, explicaron su voto al sostener que la compra de harina al molino de la familia Rivara presenta dos puntos vulnerables: se realizó de forma directa cuando ya había cesado la ley de emergencia que permitía esta modalidad y muestra una situación incompatible ya que un ministro no puede ser proveedor a la vez que funcionario.
