Buenos Aires (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- Quizás sea por aburrimiento. Tal vez la falta de definiciones básicas para ponerse a trabajar en lo que más les gusta -la carrera electoral- tenga parte de culpa.
Lo cierto es que, mientras esperan que Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde definan con y contra quiénes, desde qué estructuras y con cuáles instrumentos dará cada uno la batalla por el voto ciudadano, duhaldistas y felipistas repotenciaron su confrontación y llevaron nuevamente su propia guerra a planos institucionales. Y, como nada es puro en esos planos, actitudes nacidas de intenciones estrictamente político-partidarias se mezclan en la práctica con asuntos legislativos y gubernamentales que deberían merecer, por lo menos, una menor contaminación.
En ese marco, el avance en la Cámara de Diputados de la Provincia del pedido de juicio político al gobernador Solá y a su ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, tiene mucha tela para cortar.
ORIGEN Y DERIVACIONES
No sería serio vincular el origen de esa presentación, realizada por el ARI -simultánea a una denuncia en la justicia penal- con la guerra interna del PJ bonaerense. No parece ser la fuerza de Lilita Carrió quien vaya a jugar fichas por y con el duhaldismo.
Un decreto de Solá, de marzo pasado, que dispone expresamente ¨aumentar¨ automáticamente ¨en un 100%¨ una anterior compra de harinas a un molino que pertenece a la familia de Rivara, por cuatro millones de pesos, y que definía la operación textualmente como ¨compra directa¨ y de ¨pago anticipado¨, fue el que decidió al ARI a hacer su propia jugada.
En el Ejecutivo tienen elementos para defender la operación. Hay en primer lugar problemas con el ¨vocabulario técnico¨ de la administración pública. ¨Compra directa¨ significa en verdad concurso de precios y ¨pago anticipado¨ quiere decir en la práctica ¨rápido¨ para la burocracia estatal, algo así como a los 45 días de entregada la mercadería. Y se ha informado que cuatro empresas presentaron ofertas; que ganaron por mejor precio Rivara SA e Indalar; que la operación (la primera compra) fue aprobada por todos los organismos de contralor; que la empresa existe desde 1936 y hace 12 años que es proveedora de la Nación y la Provincia; que Raúl Rivara es accionista pero no conduce la empresa.
El decreto en que basó el ARI su denuncia se refiere, sin embargo, a la duplicación automática de una compra anterior, de la que además no aclara nada y sus cinco renglones generan interrogantes que, a esta altura, deberán ser aclarados también en la justicia.
¨No hay dolo, no hay ilícito, se compró en un trámite normal de concurso de empresas, a la firma que presentó el mejor precio y calidad¨, dicen en la Gobernación. Por eso mismo dividió aguas en el gabinete de Solá la idea, que al final se impuso, de eliminar ahora a Rivara SA de la lista de proveedores del Estado bonaerense.
Una conciencia, con relación a este caso, de que lo que se puede hacer no siempre es sinónimo de lo que se debe hacer, es admitida en fuentes oficiales para explicar esta última decisión.
MOVIDA CUESTIONADA DESDE ADENTRO
Pero, por cuerda separada, si no sería serio adjudicar vinculación intencional a la movida del ARI con la interna peronista, tampoco lo sería suponer que no actuaron motivados por esa interna los diputados duhaldistas que, en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, propusieron que se analizara el pedido de juicio político a Solá aunque no estaba en el temario, e impulsaron (e impusieron) la decisión de que ese requerimiento sea tratado en la próxima sesión de la Cámara.
A nadie escapa que los diputados duhaldistas resolvieron poner en marcha esa maquinaria por razones vinculadas a su guerra partidaria con Solá. Pero en ese ámbito no están solos. Y, por motivaciones distintas a las del duhaldismo, los diputados de la UCR, obviamente del ARI, de la Izquierda Unida y de otras fuerzas opositoras también están dispuestos a seguir adelante con el proceso de juicio político.
De hecho, existen votos a favor suficientes para que la Cámara disponga la formación de una comisión investigadora al Gobernador.
La movida es tan delicada que dividió posiciones en el propio duhaldismo. Eduardo Duhalde y la vicegobernadora Giannettasio fueron quienes públicamente dijeron, palabras más palabras menos, que les parecía un ¨exceso¨ avanzar con el juicio político.
Pero hay varios dirigentes de peso del sector, legisladores nacionales e intendentes, que en la intimidad tampoco comparten la jugada de los diputados. La cuestión, de cualquier modo, no es tan lineal ni simple. Los dirigentes que consideran que sus diputados fueron demasiado lejos, lo dicen con relación a los códigos que históricamente -sostienen- ha manejado el duhaldismo. Y esos mismos dirigentes acusan, al mismo tiempo, al Gobernador de ser quien ¨está violando permanentemente¨ esos códigos.
¨Solá está siempre sembrando miguelitos para que el camino de un posible acuerdo que evite la fractura del PJ no se pueda transitar¨, acusan.
OPERATIVO LIMPIEZA
El felipismo, por lo pronto, también adoptó medidas institucionales por razones estrictamente vinculadas a la guerra partidaria. Volvió, por caso, en estos días con la expulsión de funcionarios pertenecientes al duhaldismo.
El desplazamiento de quien era coordinadora del ministerio de Desarrollo Humano en la Región IX (con centro en Olavarría), Alicia March, esposa del diputado Isidoro Laso, es un ejemplo. No el único.
En la primera ola de esta política, los hombres de Solá tendían a explicar los ¨despidos¨ en razones funcionales y no políticas. Ya no se toman ese trabajo. ¨Es una vergüenza que la mujer de Laso no haya renunciado por propia decisión¨, dicen en tono desafiante en la Gobernación cuando se hacen preguntas sobre esta ¨limpieza¨, un operativo que impulsa con vehemencia el ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, el encargado de señalarles a los demás ministros quiénes son los duhaldistas de su ámbito a los que tiene que echar.
Pero no todos son despidos en el ámbito gubernamental. A mediados de esta semana se creó una delegación del ministerio de Desarrollo Humano en Olavarría, designando al frente de esa dependencia que reparte la asistencia social a una dirigente vinculada al referente felipista de aquella región, a la sazón contador general de la Provincia, Mario Cura.
Hay sólo otras dos delegaciones -en Bahía Blanca y en Mar del Plata- y la política oficial seguida hasta ahora tendía inclusive a desactivarlas, no a fomentarlas.
A LOS TRIBUNALES
En este complejo panorama, varias cuestiones gubernamentales de la Provincia han terminado en la justicia. Un ejemplo es la ya comentada compra de harinas al molino Rivara SA, denunciada por el ARI en los tribunales penales platenses y ahora en manos de los fiscales Argüero y Lombardo.
Otro, el recurso presentado por los legisladores de la UCR contra la prórroga, efectuada por decreto de Solá, de las facultades especiales que el Presupuesto 2004 le otorgaba al Gobernador. Ese planteo deberá resolverlo la Suprema Corte provincial.
Asimismo, en un caso en el que se combinan actos de gobierno, una norma que alcanza a todas las fuerzas políticas y la interna peronista, la conducción del PJ llevó a la justicia la discrepancia con Solá sobre cuáles son los plazos legales para fijar la fecha de los comicios internos, un planteo que analiza una jueza en lo contencioso administrativo de los tribunales platenses.
No éste de la judicialización es un buen síntoma, en la medida que funciona como reflejo de la incapacidad de comunicación y entendimiento a que han llegado sectores de los distintos Poderes de la Provincia y actores diversos de la política provincial.
