En un contexto laboral argentino en el que un sinnúmero de trabajadores han debido afrontar la desidia, tanto como el abandono de empresarios que los dejaron librados a su suerte o que, directamente, los despidieron, que existan en el país más de ciento cincuenta empresas recuperadas por los trabajadores, debería ser un dato a considerar, habida cuenta de que los rubros y empresas que abarcan incluyen alimentos (Yaguané); hotelería (Bauen); maquinaria agrícola (Zanello); cerámica (Zanón); confección de ropa (Brukman), entre tantos nombres y especialidades que han contribuido a resignificar parte del papel de los trabajadores en un aparato productivo que sigue resistiendo los embates en una realidad despoblada de derechos y justicia social desde larga data.
En sentido similar podrían ubicarse despedidos de planteles "fabriqueros" en el pago chico que han prefigurado en la Cooperativa de Desocupados Metalúrgicos (Co.De.Me), una posibilidad laboral que podría integrar parte de ese "universo" que incluye experiencias autogestionarias diversas, en las que incipientes o consolidadas cooperativas han buscado transformarse en alternativas a un perdurable capitalismo prebendario y absolutista en su accionar.
En tal sentido, dicha cooperativa –iniciada en el 2003- afronta desde hace seis meses una conflictiva que se manifestara en noviembre del 2004, a través de la ruptura que sufriera la misma cuando cuatro de los integrantes resolvieron expulsar a la mayoría de los asociados que sumaban veintitrés personas, fundadores e integrantes de la cooperativa.
Refieren integrantes de la Co.De.Me consultados, que desde el año 2003 funcionarios del ONABE habrían gestionado proyectos para la misma, que implicarían el aporte de subsidios por montos de los que se desconocen sus importes y origen y que no habrían sido debidamente acreditados por la directiva ante la mayoría de sus socios. Asimismo desconocerían documentos que indicaran la concesión oficial del galpón adjudicado a la cooperativa en la zona del Bajo; hecho o versión que se corroboraría para el presente por un correo recibido por la columna "la dominguera" el 14/04/05, que da cuenta respecto a que "existe un convenio firmado desde octubre del 2004 entre CODEME y dicho organismo [ONABE] que muchos desconocen", con lo que sería dable inferir que los "expulsados" cooperativos estarían entre lo que "muchos desconocen".
Así las cosas, consultado un integrante de la mayoría societaria destituída respecto a qué actitud asumieron ante lo sucedido, éste refiere que "los socios no reaccionaron en forma inmediata" , aunque cabe consignar que durante el 2004 se sucedieron "visitas oficiales" que fueran reflejadas en medios locales (para ampliar: ediciones de este medio del 28/01/04 o 22/09/04) y que implicarían –tácitamente tal vez- algún tipo de aval a las pocas personas que se habrían apropiado de la cooperativa, en una situación de desmadre institucional que afectó requisitos estatutarios ante los que la mayoría societaria "expulsada" resuelve autoconvocarse a una asamblea, frente al cúmulo de violaciones normativas que se consideraba efectuaba el Consejo de Administración de tres personas que es destituído por dicha asamblea y se niega a aceptar una decisión que fuera registrada por acta notarial ante escribano público en noviembre del 2004, siendo aprobado lo resuelto por mayoría y unanimidad de los asociados que avalaron la destitución del Consejo "por falta de confianza" y se constituyeron en las nuevas autoridades.
Lo actuado por acta notarial, así como "una denuncia por serias irregularidades administrativas", fueron elevadas al INAES (Inst. Nac. de Asociativismo y Economía social), dando inicio al expediente nro. 135839/04 que debería resolver lo atinente a la situación de la mayoría de los cooperativistas que, paralelamente, radicaron una denuncia en la Fiscalía nro 1 de Zárate-Campana; lo que no impidió que las autoridades destituídas por asamblea de socios mayoritaria, desafectara a los mismos como asociados.
No obstante, dado el tiempo transcurrrido y la rémora del INAES en resolver la conflictiva, esto implicó que la Fiscalía requiriera al organismo recientemente, le informe sobre lo actuado en el expediente y de no ocurrir así, pide le informen sobre qué acciones se concretarán al respecto.
Uno de los integrantes de la mayoría de Co.De.Me –José Calvi-, que ha expresado en gran parte del presente la opinión de sus compañeros, apunta que "nos gustaría saber si las promocionadas "visitas oficiales" que realizaron funcionarios de Presidencia se han reiterado recientemente, ya que podrían verificar la trasgresión a las normas estatutarias en que han incurrido tres directivos destituídos de sus funciones por una asamblea mayoritaria de integrantes de la Co.De.Me". En el mismo sentido se inscribiría el reclamo de Calvi y sus compañeros en relación al INAES, en la medida que funcionarios del organismo presidido por Patricio Griffin, "han concurrido a la cooperativa y hoy, que realmente necesitamos de ellos, su ausencia resulta más que llamativa".
Estimar en base a lo requerido a nivel periodístico, el grado de responsabilidad de organismos de aplicación –INAES para el caso- para resolver una controversia que afecta un emprendimiento atípico en Campana, que seguramente implicará críticas u objeciones en su accionar laboral mediato, pero que perjudica a una posibilidad de recrear formas de trabajo que esta u otra cooperativa merecen como oportunidad de intentar que eso tan devaluado y escaso como la justicia social pueda resignificarse, reconformarse, en medio del marasmo productivo en el que los trabajadores han sido, en la mayoría de los casos, convidados de piedra.
Además, si el Estado estuvo o está proveyendo bienes o subsidios a una desvirtuada cooperativa en la que a la mayoría de sus socios no se les reconocen sus derechos, en la que se vulneran principios cooperativos de solidaridad y, va de suyo, encuadramientos estatutarios que parecerían privilegiar el mero afán de lucro, las dudas deberían abrir paso a certezas que, al menos, estén sustentadas en prescripciones emanadas de organismos competentes que, hasta el momento, están ausentes.
Quizás por eso "los 23 socios de la Co.De.Me esperamos que esta toma de conciencia de principios cooperativistas, tengan llegada a los más altos niveles de decisión y administración de Justicia para nuestra cooperativa".
José dixit. Y junto a la mayoría de los asociados de la Co.De.Me, esperan que trabajar continúe siendo un derecho que nunca vuelvan a perder.
