El Gobierno bonaerense trabaja para combatir la superpoblación carcelaria mediante la ampliación del régimen de excarcelaciones, el establecimiento de un cupo penal y algunas correcciones en la función de los defensores oficiales.
Las medidas en las que trabaja el Ejecutivo serían enviadas por ley al Parlamento en las próximas semanas, para ser tratadas durante el período de sesiones ordinarias que se abre en marzo de 2006, informaron voceros oficiales a este medio.
Uno de los puntos que contempla el plan de la Provincia es reestablecer a los jueces penales algunas de las atribuciones eliminadas durante la gestión del ex gobernador Carlos Ruckauf.
Durante ese período, la Legislatura bonaerense respetó la política de mano dura contra la delincuencia que sostenía el mandatario, por lo que se aprobaron cambios legales que restringieron el sistema de excarcelaciones.
"Vamos a trabajar en la ampliación de este régimen, para que aquellos que cometieron delitos pequeños, como robo sin arma, o sin violencia, no deban pasar años en los penales, como sucede ahora", indicó el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Edgardo Binstock, al ser consultado por la prensa.
Los casos mencionados por el funcionario representan en la actualidad más del 20 por ciento de la población penal, desbordada en todos los penales del territorio bonaerense. "La cárcel termina resultando una escuela para el delito", definió el Secretario.
Otra de las propuestas que completarán el paquete de medidas tendiente a disminuir el hacinamiento en las cárceles es el proyecto de ley de cupos.
"Es para establecer la cantidad real de presos que pueden estar en las Unidades penales, de acuerdo a la superficie del predio, cantidad de celdas, espacios libres, talleres, etc.", remarcó el funcionario.
Una tercer iniciativa alude a la función de los defensores oficiales, quienes en la actualidad no logran cubrir las necesidades mínimas de los detenidos. Respecto de lo cual Binstock manifestó: "Este es un tema reclamado por la Comisión Provincial por la Memoria, y que también se ha observado desde el Gobierno".
Sucede que en los últimos años, uno de los principales reclamos de los presos es la falta de asistencia de sus defensores. En ese sentido, el funcionario indicó que "hay que redefinir cuál es el rol que deben ocupar porque un preso que no tiene sentencia firme, que está recluido en un penal por varios años y, encima, no tiene asistencia de la defensoría, es una situación por demás imposible".
La elección de Binstock como ejecutor de esta nueva política no es casual: el flamante funcionario sostiene una excelente relación con los miembros de la Comisión provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dos de los organismos que denunciaron al Gobierno por las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los reos.
