El Tribunal de Casación Penal provincial intimó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para que cada vez que un preso muera en una cárcel provincial se le informe de esa situación en un lapso de cinco días hábiles, para evitar el gasto de recursos en la administración de Justicia en causas con acusados fallecidos.
La solicitud fue publicada ayer en el Boletín Oficial, y se conoce junto a una nueva muerte de un preso que, por una pelea entre detenidos en la Unidad Penal 35 de Magdalena, falleció ayer como consecuencia de las heridas cortantes y punzantes que recibió.
El pedido realizado por Federico Domínguez, presidente del Tribunal, se realizó luego de advertir que se habían tramitado una serie importante de expedientes en forma inútil, ya que los presos estaban muertos.
El ejemplo más claro se dio en el caso del interno Demetrio Ortiz, por quien Casación recibió el expediente en febrero de 2000, dictó sentencia en marzo de 2004 y luego se cayó en la cuenta de que el preso había muerto en febrero de 1999.
Domínguez consideró además que "situaciones como las descriptas afectan la buena marcha de la administración de justicia, producen serias disfuncionalidades del sistema y recargan indebidamente el trabajo jurisdiccional", y agregó: "si bien el Servicio Penitenciario aportó una lista de fallecidos, ésta es exigua, ya que llega sólo hasta 2003, y no pueden ir más atrás por deficiencias del sistema informático".
El funcionario añadió que la implementación del Registro Único de Detenidos, que permitirá a los órganos judiciales conocer en tiempo real la situación procesal de todos los detenidos, "se encuentra en experimentación en determinados Departamentos Judiciales, ignorándose cuándo estará definitivamente instalado".
Por estos motivos, Domínguez reclamó que las muertes sean comunicadas en un plazo de cinco días hábiles, "acompañándose la correspondiente partida de defunción o copia certificada".
