Unos 71 efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron separados de la fuerza por haber incurridos en malos tratos o actos de corrupción, informó el ministerio de Justicia bonaerense.
La medida fue adoptada en las últimas horas por el titular de esa cartera, Eduardo Di Rocco, en el marco de la ley de Emergencia Penitenciaria que aprobó la Legislatura provincial en diciembre último.
La mayoría de los declarados prescindibles han tenido denuncias por malos tratos, tortura o corrupción.
En varios casos, se trata de oficiales con poder de decisión en las unidades que han consentido la aplicación de golpes o insultos a los detenidos, mientras que en otros han participado personalmente.
La lista también está integrada por efectivos que han cometido actos de corrupción, fundamentalmente con los alimentos destinados a las unidades penales o con los trabajos que se encaran desde los mismos penales.
El tercer grupo se define por aquellos que no han cumplido cabalmente sus deberes o no han mostrado contracción al trabajo.
En una cantidad importante de estos casos, también existe la denuncia penal correspondiente.
Sin embargo, hay casos que los propios detenidos prefirieron no hacer la denuncia ante el fiscal, pero de cualquier manera el Ministerio decidió actuar para no generar en el resto del personal y los internos una sensación de impunidad.
"Solicitamos la ley para poder establecer estos criterios. Aquel que pretende que la persona privada de libertad se inserte en la sociedad, cumpla su pena y sea una persona útil, claramente tiene lugar en nuestra institución, pero aquel que crea que el detenido dejó de ser persona o ha perdido todos sus derechos, tiene que buscar otro lugar", afirmó el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco.
