En un primer balance de la puesta en marcha de la denominada Ley de Desfederalización, que entró en vigencia el pasado 10 de diciembre en la Provincia, la procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, admitió no estar satisfecha con las actuaciones ya que, dijo, la mayor cantidad de intervenciones estuvieron vinculadas al consumo y no a la venta de estupefacientes.
Según los datos oficiales, de las 1.724 causas judiciales por violación de la nueva ley de drogas iniciadas entre el 11 de diciembre de 2005 y el 29 de enero último, el 84 por ciento acusa a los detenidos de consumo personal o tenencia simple: adolescentes sorprendidos con marihuana en el bolsillo. El 86 por ciento de lo secuestrado son porros o pequeñas cantidades de yerba mientras que sólo el 3 por ciento de lo incautado es paco.
Ante estos datos, Falbo, manifestó: "no estamos satisfechos con los primeros resultados. Pensamos que se atacaría el tema que más nos preocupa, que es el del tráfico en los kioscos que venden el paco que está matando a los jóvenes", se quejó.
"No se está trabajando acabadamente con inteligencia previa –salvo excepciones- para perseguir la comercialización, sobre todo del paco y la pasta base. Creemos que hay que rectificar algunas de las líneas para poder llegar a que realmente se haga la investigación y se combatan los famosos quioscos", agregó.
De acuerdo a las cifras de la Procuración, apenas el 16 por ciento de causas abiertas restantes -descontadas las vinculadas a la simple tenencia- está relacionado con el tráfico. En tanto, nueve de cada diez comerciantes detenidos finalmente fueron liberados porque la escasa droga secuestrada no ameritaba tenerlos entre rejas.
La titular del ministerio público, consideró que las falencias se deben "a que recién comienza a ponerse en marcha la ley" pero también porque "faltan criterios para unificar una política criminal clara: uno de los mayores obstáculos es la ley, que no es clara".
Finalmente, Falbo también comentó que existen problemas de estructura. "Antes de que la norma entre en vigencia reclamamos 200 cargos para reforzar las unidades fiscales y el Ejecutivo nos dio 120", recordó, a la vez que admitió que "el equipo empezó a los empujones, recién ahora hay un curso para que esa gente pueda saber cómo actuar, en qué circunstancias o cómo organizar la verdadera investigación".
