Buenos Aires (por Gabriel Profiti, especial de NA) –- Las amenazas de recursos ante el Tribunal Internacional de La Haya, el Mercosur o la Corte Suprema de Justicia, entre otras instancias y estrados adonde fue llevado el debate por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, vuelven a desnudar la incapacidad alarmante de los gobiernos de Argentina y Uruguay para encontrar una salida negociada al conflicto.
La escalada judicial comenzó en setiembre de 2005, cuando el gobernador entrerriano Jorge Busti realizó una presentación en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese momento, la disputa no encontró raciocinio, ni cintura política para evitar la desembocadura en un berenjenal.
El propio Busti apeló a la justicia federal de Concepción del Uruguay el mes pasado para que se impida el paso de camiones con estructuras o materiales para las papeleras, y ante la incompetencia invocada por el magistrado interviniente, ahora pide que el tema sea tratado por la Corte Suprema de Justicia.
Además, el mandatario planea presentar una acción penal en inlandia, de donde es originaria la papelera Botnia, y espera el dictamen definitivo de la Corporación Financiera Internacional a la que también recurrió.
Mientras tanto, el Gobierno argentino trasladó al Congreso el debate sobre la conveniencia de entablar un litigio en La Haya, y Montevideo contraatacó con una advertencia sobre la presentación de un reclamo ante los tribunales del Mercosur.
Todo esto, sumado al intercambio epistolar de advertencias entre ambas cancillerías que no paró en las últimas semanas.
Parecen demasiadas calorías para un plato de verano. Nadie puede desconocer las motivaciones de los entrerrianos y en algún punto puede ser atendible la obstinación uruguaya, pero hasta el momento semejante despliegue judicial sólo alentó rencores entre los gobiernos y exacerbó cierto nacionalismo inconducente.
Es más, la idea del gobierno argentino de ponerle un tinglado institucional al reclamo internacional podría depararle algún moretón extra, en medio de otros debates legislativos como la aprobación de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura.
Precisamente, el tratamiento en el recinto del proyecto de declaración del Gobierno para acudir a La Haya será el 22 de febrero, el mismo día en el que la bancada oficialista buscará darle la última puntada a la modificación del Consejo.
Los cruces quedaron expuestos durante la presentación del canciller Jorge Taiana en la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, donde la oposición martilló sobre los errores de abordaje cometidos por el gobierno en la cuestión.
Si bien Taiana salió airoso del brete parlamentario, está claro que la oposición no se encolumnará detrás del gobierno argentino como sí hicieron todos los partidos políticos uruguayos detrás de la cruzada de Tabaré Vázquez.
Federico Storani (UCR), Hermes Binner (Socialismo), Carlos Raimundi (ARI) y Federico Pinedo (PRO) criticaron las cavilaciones oficiales, aunque dejaron entrever que, finalmente, apoyarán la decisión de mandar la cuestión a un arbitraje internacional.
Mientras tanto, los cortes de ruta siguen en Gualeguaychú y el obrador de las empresas Botnia y Ence funciona a tiempo completo, pese a que Argentina pide una tregua en la construcción y Uruguay un impasse en las protestas ambientalistas.
Y la cuestión ya está afectando el normal funcionamiento del Mercosur: una reunión de cancilleres prevista para esta semana se suspendió en medio de los cruces entre los cancilleres Reinaldo Gargano y Taiana.
Para colmo, algunos mediadores calificados como el canciller español Miguel Angel Moratinos se bajó antes de embarcarse en gestiones y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel encontró dificultades para conciliar posiciones.
A esta altura da la sensación de que sólo un diálogo de frente, con códigos de vestuario y de arrabal, como lo marca la idiosincracia de ambos países -y los partidos en ambos gobiernos- puede ofrecer una salida a la controversia.
En caso contrario, a 31 años de la suscripción del Estatuto del Río Uruguay –el 26 de febrero de 1975- se echará mano al último recurso que contempla ese convenio: el arbitraje internacional.
