El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires notificó hoy a un empresario transportista de la ciudad de Baradero -en el norte bonaerense- para que se presente a una audiencia, con el fin de impedir la construcción de una playa de estacionamiento para camiones asfaltada en un predio ubicado sobre un cementerio indio, considerado como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de su tipo en el País. La medida es el paso previo al inicio de una causa judicial.
El cementerio aborigen de Baradero fue descubierto en 1910 por el arqueólogo argentino Salvador Debenedetti y se mantuvo intacto hasta ahora. Pero el terreno de 100 metros de frente, ubicado en el centro de la ciudad -calle Thames entre Velez Sarsfield y Alberdi- fue adquirido hace un año por un empresario para construir allí un estacionamiento de camiones. El daño que esos trabajos causarían al patrimonio de los bonaerenses es incalculable: un estudio realizado el año pasado por expertos del Instituto Cultural determinó que se trata de un sitio "único", debido a la "poca propensión de los aborígenes locales a construir áreas de entierro formales".
En septiembre del año pasado, maquinas excavadoras contratadas por el empresario intentaron comenzar a remover la tierra del lugar, pero una fuerte reacción de la comunidad, de la que participaron vecinos, docentes, alumnos de los colegios de Baradero y la museóloga Blanca Ragio, impidió que se consumaran los destrozos. Es que el cementerio está fuertemente arraigado en la identidad local, además de ser un sitio de alto valor simbólico para las sociedades indígenas pampeanas que habitaron el lugar en la época del contacto entre civilizaciones, ya que contiene restos humanos y otros elementos que se usaban para las prácticas mortuorias, como cuentas de vidrio.
Además del impacto negativo que produciría la construcción de la playa de estacionamiento en el patrimonio cultural y simbólico bonaerense, el cementerio indígena está resguardado por la Ley 25.743, de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Allí se estipula que el sitio arqueológico de Baradero y los materiales que contiene pertenecen -como todos los lugares de su tipo- al dominio público de la Provincia, por lo que disponer de las piezas en forma privada o dañar el lugar es un delito.
Para evitar que el conflicto termine en la Justicia, el Instituto Cultural notificó -en forma conjunta con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano- al empresario involucrado en esta situación, a fin de llegar a un acuerdo voluntario de partes -instancia prevista en la Ley 25.743- que permita preservar el legado indígena. Las opciones que manejan los expertos del gobierno provincial son dos: construir allí un centro cultural que preserve intacto el sitio, o practicar tareas de "arqueología de rescate" para extraer las piezas sin dañarlas y liberar así el sitio para el emprendimiento comercial.
Esta acción forma parte de una política que puso en marcha el Instituto Cultural, que preside Alberto Hernández, para evitar la pérdida del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Buenos Aires, así como el tráfico ilegal y saqueo de piezas. Para eso, se puso en marcha el primer registro del material arqueológico y paleontológico existente en la Provincia. A través de esta herramienta -que ya tiene incorporadas más de 600 mil piezas- se mantiene un control preciso sobre los sitios exactos donde se encuentran esos materiales, a la vez que se identifica a sus poseedores, algo especialmente importante cuando éstos no son instituciones públicas.
"Invitamos a la Nación a participar en esta acción, porque nos parece clave la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la protección del patrimonio arqueológico de los bonaerenses", explicó Hernández.
A través de ese registro, las piezas quedan incorporadas al Banco de Datos, único en el país, que lleva adelante el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, ente que coordina los esfuerzos de la totalidad de las provincias en esta materia. Es una de las medidas de protección establecidas por la Ley 25.743 que, en 2003, eliminó un vacío legal que existía en este tema desde 1912.
Pero además, el Instituto Cultural coordina el acceso a las investigaciones científicas que realizan especialistas capacitados para tratar con esos materiales, que ahora deben obtener permisos especiales para poder hacer prospecciones e investigaciones en el terreno. Y lleva adelante una amplia agenda de jornadas de difusión, para explicar a la población en general -y en especial a agentes turísticos y guardaparques- la importancia del patrimonio arqueológico y paleontológico y las mejores formas de resguardarlo.
De este modo, el Instituto realizó, entre 2004 y el año pasado, charlas explicativas para 4.600 alumnos de EGB, Polimodal y de escuelas para adultos de 81 escuelas en 34 localidades bonaerenses. Esos estudiantes recibieron además 17 mil afiches, en los que se da cuenta de esta problemática de una forma amena y fácil de comprender. La idea es generar un cambio cultural profundo, para que el cuidado de patrimonio se instale como un valor central de la identidad bonaerense.
Tráfico de piezas
Las agresiones contra sitios arqueológicos y paleontológicos en distintos puntos del territorio bonaerense son parte de una realidad más amplia, que incluye el tráfico de piezas representativas de las culturas originarias que poblaron el suelo provincial, muchas de la cuales son adquiridas a las personas que ocasionalmente las encuentran por coleccionistas locales que operan por fuera del marco legal para terminar, finalmente, vendidas en el exterior del país.
Las zonas más afectadas por este saqueo coinciden con los principales puntos turísticos: las sierras de los sistemas de Ventania y Tandilia, el litoral atlántico y el delta del Río de La Plata. La explicación es sencilla: en esos lugares el acceso al material se facilita porque suele haber pocas restricciones a la circulación. Así, un turista que pasea por una playa puede encontrar una pieza -por ejemplo una punta de flecha- y recogerla del suelo sin saber el valor patrimonial que posee, ni cual es el procedimiento para no dañarla.
El mismo destino suelen correr elementos de molienda, como manos y morteros; piezas vinculadas a la caza de animales, como boleadoras y puntas de proyectiles de distinto tipo. También se llevan elementos de alto valor simbólico para las sociedades indígenas pampeanas, en especial placas grabadas, a las que sus poseedores daban un uso personal, probablemente relacionado con el orden jerárquico que regía su vida cotidiana.
"Es una forma de eliminación, de aniquilación de la memoria que afecta directamente nuestra identidad, porque elimina de ella toda la riqueza cosmovisión que proviene de los pueblos vivieron aquí antes de la llegada de los europeos", explicó el Curador del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Fernando Oliva.
Además de ese grave perjuicio, la poca conciencia acerca del valor del patrimonio arqueológico y paleontológico tiene otra consecuencia negativa: traba el desarrollo d emprendimientos económicos alternativos, entre ellos el turismo rural, una de las nuevas formas de expansión de las economías regionales. Es que los lugares que conservan el pasado intacto son parte del atractivo que buscan visitantes del país y el exterior.
